La crisis económica, derivada del excesivo aumento en los precios del petróleo y sus derivados, está golpeando severamente los bolsillos de la clase media y media baja, con tendencia a incrementar el porcentaje de la población más pobre hasta situarla en niveles de extrema pobreza si no se toman, de inmediato, políticas de contingencia que permitan aliviar sus necesidades, especialmente las alimentarias y servicios básicos.
En tal sentido, diferentes grupos políticos y de la sociedad civil organizada han denunciado públicamente el alarmante incremento de precios de la canasta básica alimentaria y no digamos de la canasta básica vital, las cuales se están convirtiendo en inalcanzables para los jefes de familia que devengan salarios mínimos o menores de 3 mil quetzales.
Ante esta situación, surge la interrogante, qué va a pasar con aquellos jubilados y pensionados que apenas reciben pensiones de miseria, y peor para aquellos cientos de miles de personas que no tienen empleo, el caso es que nuestro país se encuentra dentro de un polvorín que podría explotar en cualquier momento con consecuencias impredecibles.
En torno a tan difícil situación, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Usac, retomando su papel protagónico, ha planteado la necesidad de crear la Procuraduría del Consumidor y del Usuario, basándose en una nueva iniciativa de ley utilizando los más modernos criterios de protección del consumidor y del usuario, equilibrándolos con los derechos y obligaciones de los proveedores de bienes y servicios.
A criterio del doctor Rodrigo Montúfar, director de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad de San Carlos (DIGI), es oportuno presentar ante el Congreso de la República una iniciativa de ley que no modifique o afecte a ninguna otra ley pero que en el fondo sea una normativa neutral exenta de ataduras de cualquier sector involucrado.
La Procuraduría tendría jurisdicción en toda la República, actuaría de forma autónoma y con sus propios recursos para no tener vínculos con ningún sector y menos del Estado, y su dirigencia estaría a cargo de profesionales electos por el Congreso de la República, de una nómina presentada por una Comisión integrada por los Presidentes de los Colegios Profesionales.
La idea es lograr una verdadera defensa de los consumidores y usuarios a nivel nacional e internacional, con el apoyo del Ministerio Público que tendría que crear la Fiscalía correspondiente a efecto de llevar a cabo una efectiva investigación y sanción contra aquellos que se sitúen al margen de la ley.
El anteproyecto de ley ya está elaborado, sin embargo, han abierto las puertas a todos los sectores de la sociedad a efecto de conocer y tomar en cuenta sus inquietudes para crear un universo de ideas, resaltó el doctor Montúfar.
La Procuraduría contaría con personal calificado y capacitado para analizar todos los hábitos de consumo, alimentos, medicinas, bienes de uso humano, todos aquellos servicios que la población necesita, incluyendo servicios de transporte, telefonía, contratos de toda índole y por supuesto un control de la publicidad engañosa que induce a consumir lo que la gente no necesita, así como aquellos bienes y servicios que constituyen una carga en la economía de los consumidores.