Los indicadores parecen apuntar a que las redes involucradas en el negocio de las adopciones continúan operando en el paí­s, pese a la reciente aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Adopciones.

Las frecuentes denuncias sobre robos de niños y niñas y el reciente proceso abierto en contra de Rosalinda Rivera Estrada, hermana del diputado del Partido Patriota y Presidente de la Comisión del Menor y la familia en el Parlamento, Gudy Rivera, ponen de manifiesto la falta de presencia del Estado en ese tema, según coincidieron analistas.

Los informes de las organizaciones sociales que trabajan en pro de la niñez y la adolescencia en el paí­s, reportan que cada adopción efectuada por los abogados que actúan de forma ilí­cita, llega a tener un costo hasta de US $ 30 mil dólares, moviendo unos US $ 200 millones cada año.

Desalentador panorama

La aprobación del decreto 77-2007, que da vida a la «Ley de Adopciones», aprobada por el Congreso de la República con 109 votos a favor y 1 en contra, la cual cobró vigencia a partir del 31 de diciembre último, generó una gran cantidad de expectativas para la sociedad civil y la opinión pública, sin embargo, el panorama actual no es muy alentador.

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, explicó que actualmente el tema de las adopciones en Guatemala es de preocupación porque «el eje central creado a través de la Ley de Adopciones, todaví­a no está consolidado lo suficiente», indicó.

La activista añadió que en el paí­s no hay condiciones para realizar procesos de adopción transparentes por lo que la situación de los niños es precaria ya que «si es dudoso su origen también es dudoso su destino», expresó.

Por su parte, Byron Alvarado, del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, manifestó también preocupación en cuanto al referido tema: «vemos que las bandas que se dedican a traficar con niños, con almas humanas, burlan a las instituciones que velan por que se cumplan los derechos de los infantes», declaró.

A criterio de Alvarado, el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) «ha sido omiso en la protección de los niños, ya que ha sido hasta hace pocos dí­as que se tomaron acciones para ver si los expedientes cumplí­an con los requerimientos mí­nimos y los estándares de los procesos de adopción, enfatizó.

El entrevistado añadió que los argumentos más comunes son la falta de recursos. Sin embargo, manifestó que «la función de protección de las personas en Guatemala es propia del Estado», y que «ellos (CNA) desde que asumieron debieron implementar procesos seguros en el tema de las adopciones internacionales establecidos en el Convenio de La Haya».

CNA: «Hay un antes y un después»

Elizabeth de Larios, directora del CNA, refiere que actualmente se están revisando los procesos transitorios con la Procuradurí­a General de la Nación. «En esos casos se deducirán responsabilidades y en los casos de no haber irregularidades se procurará que sigan su curso lo antes posible para que no se detenga más a los niños», manifestó.

La entrevistada señaló que a partir del momento en el que la Ley de Adopciones entró en vigencia han cumplido todos los plazos y han atendido todos los casos y aseguró que con la nueva normativa, «no sólo se van a reducir los casos anómalos sino se van a terminar».

La directiva asegura que el proceso es transparente ya que existe la intervención de un juez de la niñez, uno de familia y posteriormente el CNA. «No hay nada que ocultar; además las adopciones nacionales son totalmente gratuitas», refirió.

De Larios explicó que existe un antes y un después: «del 31 de diciembre de 2007 hacia atrás, las anomalí­as en los procesos de adopción existen; eso por la anterior normativa y estamos trabajando aún para ver si hay anomalí­as; a partir del 1 de enero de 2008 al constituirnos como una entidad que crea la Ley de Adopciones el proceso es distinto».

El CNA ha recibido desde su creación, 37 solicitudes de adopciones nacionales, además se reportan 15 declaratorias de adoptabilidad.

Procesos penales

Alex Colop, fiscal del Ministerio Público (MP) a cargo de la unidad de la niñez ví­ctima, refirió que la función de la fiscalí­a que preside es accionada cuando la Procuradurí­a General de la Nación o los Juzgados de la Niñez u otra entidad, reportan que dentro de un proceso de adopción podrí­a existir delito.

«Antes de ese reporte el MP no puede accionar porque los trámites son administrativos», declaró Colop.

El MP, por medio de la citada fiscalí­a, ha recibido 8 denuncias de la PGN, una del CNA y una de un juzgado de la niñez.

En el caso abierto por el hallazgo de nueve infantes en la residencia de Rosalinda Rivera Estrada, Colop explicó que esta semana se escucharán las declaraciones de las supuestas madres biológicas de los niños y niñas; ello para verificar la procedencia de los mismos.

Pese a la pequeña cantidad de denuncias interpuestas en el MP en el transcurro del año (diez), las organizaciones sociales continúan reportando al menos un robo a la semana de infantes con fines de adopción.