La conferencia fue dictada por el Licenciado ílvaro Garcí­a Hurtado, quien se desempeñó como Subsecretario de Planificación y Cooperación en la administración del gobernante chileno Patricio Aylwin, de 1990 a 1994, posteriormente fue designado Ministro de Economí­a de 1994 a 1998 en la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En nuestro paí­s hemos tenido brillantes puntos de convergencia polí­tica que se han traducido en importantes cambios en lo social y también en lo económico. Nuestra actual Constitución Polí­tica es una elocuente muestra de ello. Promulgada en 1985, resistió los embates antidemocráticos de la administración de Jorge Serrano Elí­as. En 1994 se le aplicaron algunos correctivos. Dos años más tarde la suscripción de la «Paz firme y duradera», que puso fin al conflicto armado interno mediante la reafirmación de los Acuerdos de Paz, es otra muestra de esa convergencia ciudadana guatemalteca que hemos alcanzado.

La propuesta sistémica planteada por Garcí­a Hurtado expone la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión del Estado para que pueda ampliar el gasto social al tiempo de promover la inversión. Alcanzando con ello una significativa mejora en la calidad, cobertura y prestación de los servicios públicos.

Las reflexiones complementarias apuntan a que mediante un Estado sólido, con una auténtica carrera de servicio público, que reduzca a su mí­nima expresión la discrecionalidad y se apuntale el régimen de legalidad se puede consolidar la inversión privada para que a su vez ésta promueva la generación de empleo y ampliar la capacidad adquisitiva del salario. También consolidar el régimen de previsión social a fin de garantizar una auténtica calidad de vida en el marco de un bien común que en efecto provea condiciones de una vida con dignidad para todos los habitantes del paí­s, sobre todo al final de nuestros dí­as.

Si salud es la ausencia de enfermedad entonces una población sana es aquella que no padece las limitaciones propias de la desnutrición crónica que sufre un amplio segmento de nuestra población rural. El mejor medio para abordar la superación de estas precarias y lacerantes condiciones es mediante el incremento del gasto social focalizado y determinado desde lo local, mediante una activa participación ciudadana.

Aquí­ la necesidad de apuntalar la descentralización administrativa del Estado (un imperativo constitucional que no se ha encarado acertadamente) es impostergable. Para ello se ha de reforzar la democracia de los gobiernos locales. A mi juicio lo más acertado en este ámbito habrá de ser mediante el fortalecimiento de las administraciones municipales, para llegar a constituirlas en gestiones más allá de la prestación de servicios públicos básicos y transformarlas en coadyuvantes del desarrollo local. Entonces la promoción del desarrollo rural tal y como se está impulsando por la actual administración, podrí­a ser revisada pues el lí­mite entre el desarrollismo y el asistencialismo, que podrí­a devenir, en lugar de disminuir se consolida y eso es la negación de la gestión descentralizada de la administración pública.

Para contar con la capacidad de un incremento en el gasto social es urgente echar a andar una readecuación tributaria que tenga la plena capacidad de contrarrestar hasta disminuir a su mí­nima expresión la elusión y evasión fiscal. De hecho la ampliación de la base tributaria no necesariamente es sinónimo de incremento de las tasas. La simplificación de los mecanismos de tributación es un paso importante. La reducción, mediante adecuados estí­mulos, de la llamada economí­a informal habrá de tender a una ampliación de los servicios públicos. Y éstos han de ser eficientes, efectivos, eficaces, con calidad y accesibles a una mayor cantidad de población beneficiaria. El abordaje para reducir la pobreza es complejo, pero se puede emprender y alcanzar el éxito en ello es factible. Si otros lo han hecho nosotros también podemos ser exitosos en ello. Si en el pasado ya nos hemos podido poner de acuerdo, también lo podremos hacer ahora.