La Unión Europea se prepara para reforzar su lucha contra la inmigración ilegal con la adopción en las próximas semanas de nuevas reglas sobre la detención y expulsión de clandestinos hallados en su territorio, indicó hoy la Comisión Europea.
La propuesta, duramente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y ciertos partidos políticos, podría ser objeto de acuerdo en «dos semanas», aseguró Friso Roscam Abbing, portavoz para las cuestiones de seguridad y justicia de la Comisión Europea.
De todos modos, este optimismo no es totalmente compartido en todas las instituciones europeas, a raíz de las reservas emitidas por varios Estados miembros de la UE y ciertos grupos políticos del Europarlamento.
Tras casi tres años de difíciles negociaciones, la Comisión había logrado elaborar en abril un texto de compromiso para esta iniciativa conocida como «Directiva Retorno».
La propuesta establece las reglas para proceder a la expulsión de los ciudadanos de países terceros, incluyendo a menores, que sean hallados en situación irregular en el territorio de la UE.
Esta expulsión o «alejamiento», como pretende llamarlo Bruselas, se hará en avión y debe ser «voluntario dentro de los posible», aunque en caso contrario se reconocerá el uso de la fuerza como una necesidad, así como la posibilidad de recurrir a la detención de 6 a 18 meses.
«No se puede hablar de «Directiva de la Vergí¼enza». Estas disposiciones conciernen personas en situación de ilegalidad», dijo el portavoz de la Comisión.
«Si su retorno no está organizado se afecta la credibilidad y la adhesión de la opinión pública a las políticas migratorias de la Unión Europea», sostuvo.
«Esta directiva está destinada a luchar contra la inmigración clandestina. El alejamiento es un deber para los Estados miembros», agregó.
Pero la Federación Internacional de la Liga de Derechos Humanos no piensa la mismo y este jueves denunció «la organización de una detención potencialmente arbitraria del hecho de su carácter casi automático, su excesiva duración y su justificación por razones administrativas».
La Federación también acusa a la UE de «la expulsión forzada de menores no acompañados hacia un país tercero que no es el suyo y en el que no tienen ni familia ni tutor legal».
Si el texto no tiene la unanimidad del Parlamento Europeo, la mayoría de los eurodiputados lo apoyan, según Bruselas.
En cambio, los Estados miembros no están satisfechos y por ello aún no hay margen suficiente de votos para aprobar la iniciativa, indicó a la AFP una fuente europea.
En efecto, Francia, Alemania e Italia (tres de los grandes de la UE) dijeron el miércoles en una reunión de embajadores en Bruselas que no podían aceptar el proyecto en su actual forma, precisó esta fuente.
«Todos los pedidos formulados van en el sentido de un endurecimiento» de la propuesta, continuó esta fuente.
La Comisión Europea confía en superar estos obstáculos antes de las reuniones del Parlamento Europeo y el Consejo de ministros de la UE de junio próximo.