Algunas personas en el país dicen que ya no sorprende que las autoridades encargadas de la seguridad pública difundan, a través de las noticias, acerca de la captura de delincuentes que son sorprendidos con armas de largo alcance.
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Los nombres, fusiles M-16, AR-15, Galil o AK-47 son parte del idioma de la violencia que sufre la población. La agresión diaria cobra en promedio ocho víctimas, algunas de ellas ejecutadas con fusiles, según monitoreo que aplica el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), parece que ya logró inmunizar el pensamiento de las personas.
Sin embargo para los analistas en seguridad, toda clase de armas en manos de particulares sin control del Estado, son causa de problemas mayores que afectan y deterioran a la familia, la sociedad y el gobierno que siguen acechados por ese fenómeno.
Municiones legales
El director del Centro de Estudios de Guatemala, (CEG), Sandino Asturias remarca que el armamento que se usó en la guerra armada interna fue entregado al Ministerio de Gobernación y son usados actualmente por la PNC.
Pero la proliferación de ese tipo de armas en manos de delincuentes tiene que ver con el contrabando y con las facilidades que existen en Guatemala para acceder a ellas, pues la ley permite legalizar ese tipo de armamento, analiza.
Hay poca acción referente al desarme en el país, eso ha hecho que algunas armas de largo alcance estén legales y por otra parte que en el Ministerio de Gobernación no existan controles ni planes específicos para desarmar a la delincuencia. Entonces es una mezcla de contrabando y permisividad de la ley, explica Asturias.
Para operar, el traficante de armas se vale y toma como escudo el tráfico legal de armas. Se habla de dos millones de ellas que entran como contrabando en el país y 50 millones de municiones que se venden legalmente en el territorio nacional al año, esa cifra ilustra la magnitud del problema, indica.
La combinación de ausencia de planes para el desarme y facilidad para traficar son razones que la nueva ley de armas y municiones tendría que contemplar, para tipificar la prohibición de ese tipo de armas en manos particulares, y, que sólo las fuerzas de seguridad las posean, es decir que sólo la policía y el ejército tenga el monopolio de las armas de largo alcance, destaca.
Esta es una violencia armada que no había tenido precedente en el país, cuando se conoce que soldados poseen esa clase de armamento, el problema es debido a que las armas que portan las fuerzas de seguridad no están inventariadas, en muchos casos, o no hay control permanente de las armas asignadas a un soldado o un policía.
El Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM), en el primer trimestre de este año había autorizado únicamente 10 mil licencias para portar armas.
Consecuencias
Según informe reciente del subdirector adjunto de la Policía Nacional Civil, Henry López, del 15 de enero de 2008 al 21 de abril 2008, hubo 1 mil 217 homicidios por arma de fuego, aunque mencionó que son 103 menos, por comparación a partir de octubre 2007 y enero 2008 cuando se contabilizaron 1 mil 320 homicidios.
Además el jefe policial hacía hincapié que durante los cien días del gobierno de ílvaro Colom, las fuerzas de seguridad habían logrado incautar 60 fusiles en manos de varios delincuentes entre ellos algunos soldados que habían cumplido su tiempo de servicio.
El caso más relevante ocurrió el 25 de marzo pasado en Teculután, Zacapa cuando narcotraficantes del cartel del Golfo se enfrentaron con armas de alto poder y fueron asesinadas 11 personas. Las autoridades recogieron aproximadamente 460 cascabillos calibre 5.56 y de otros gruesos calibres disparados en la escena del crimen.
Como evidencia quedaron seis fusiles M-16 y AR-15, cinco pistolas 9 milímetros, una de calibre 3.57, una de calibre, una 40 y una calibre 45. Horas más tarde en un retén, agentes de policía, ejército y Ministerio Público incautaron cinco fusiles AR-15 y cinco pistolas calibre 9 milímetros y lograron detener a tres guatemaltecos y tres mexicanos. La investigación de los tres meses que fija la ley sigue corriendo para ese caso.
El general Otto Pérez Molina, con particular trayectoria en la institución armada, firmante de los Acuerdos de Paz y ex comisionado de seguridad, reflexiona que el vaivén de armas de grueso calibre en manos de civiles o delincuentes, podría ser un remanente del conflicto armado interno de Guatemala, otro tanto proveniente de aquello que quedó de los conflictos guerrilleros ocurridos en El Salvador y Nicaragua y otra parte proveniente del mercado negro.
Sin embargo cree que el mejor instrumento para evitar el aumento de disponibilidad de armas sin control, es que el Congreso de la República apruebe una nueva ley de armas y municiones que sirva para un control efectivo de armas y ciertas restricciones para los civiles.
«Pero no sólo es que haya una ley sino que existan los mecanismos de control de parte del Ejecutivo, que se pueda reforzar, fortalecer, implementar; sin ello, esa ley de nada nos sirve aunque se apruebe en el Congreso de la República», subraya.
Al inicio de la actual legislatura, los parlamentarios Pablo Duarte y Mario Taracena reconocieron que el mayor problema en el país es el contrabando de armas, sin embargo dicha iniciativa no fue discutida y continúa engavetada, mientras tanto las fuerzas de seguridad siguen capturando delincuentes con armas de largo alcance y más guatemaltecos mueren, alegan algunos ciudadanos.