Por varios medios, como las consultas populares, las comunidades informadas sobre el peligro que representa la instalación de plantas de minerí­a a cielo abierto han mostrado su rechazo a las licencias de exploración y explotación.

De acuerdo con la postura del Gobierno y con resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, los resultados de estos procesos no son vinculantes. A pesar de la respuesta negativa de las autoridades del Estado, las comunidades que se sienten amenazadas por el trabajo de las mineras continúan haciendo valer su derecho de participación y opinión sobre grandes proyectos que puedan poner en peligro su ambiente y su cultura.

Este es el caso del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) de Baja Verapaz, que de manera oficial rechazó la decisión del Gobierno de otorgar nuevas licencias de exploración y explotación minera. El CODEDE decidió que la Gobernación Departamental debe brindar información a las comunidades sobre las condiciones en que se encuentran las empresas mineras Procesadora de Minerales, S.A. y Nichromet.

El caso del CODEDE de Baja Verapaz no es aislado. Hasta la fecha, se han realizado más de veinte consultas a las comunidades en donde se encuentran vigentes licencias de exploración y explotación. En todas, con abrumadora mayorí­a, la población ha rechazado la instalación de las minas.

Y es que cualquier persona que conozca los mecanismos para obtener una licencia y las prerrogativas que gozan las grandes transnacionales rechaza su actividad. Algunos puntos son quizá, los más importantes: antes de obtener la licencia, se debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental por la misma firma privada y no existe revisión sobre su validez; no existe ningún tipo de control ni restricción para la utilización de agua, elemento indispensable para la separación de las rocas y la obtención de los minerales; las mineras no están obligadas a pagar algún tipo de fianza por daños a la población o al ambiente por la mala utilización de quí­micos peligrosos; las regalí­as que le quedan al Estado constituyen un irrisorio 1%; y, finalmente, a las mineras se les permite adjudicarse a la Ley de Maquilas, y por lo tanto, exonerarse del pago de varios impuestos.

A pesar que la minerí­a es reconocida en la Constitución Polí­tica de la República como de interés nacional, debe hacerse una revisión profunda de su viabilidad y su impacto real. A la larga, la oportunidad que se les brinda a las compañí­as mineras para que exploten nuestros recursos, nos sale más caro.