La mayor deficiencia de la justicia en materia laboral en el paí­s, es su lentitud en los procesos -por la serie de mecanismos dilatorios existentes- que incluso cuando resuelven ya no sirven de nada, porque muchas veces han desaparecido los patronos, es una de las consideraciones manifestadas en el Congreso Nacional del Trabajo que expresó el doctor Rolando Morales, procurador de los Derechos Humanos.

La falta de ética profesional de abogados laboristas -que provocan la dilatación de los procesos judiciales- y la facilidad con que los mismos pasan de lo laboral a lo penal -a conveniencia de la patronal- fueron otros de los aspectos que se denunció en el cónclave, a donde asistieron las diversas organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil.

Otros inconvenientes por los que atraviesa la fuerza laboral pueden deberse a que los jueces no son idóneos, están copados y no velan por el bien común, sucumbiendo ante el tráfico de influencias y la corrupción en los juzgados donde por ello se favorece al patrono sobre el trabajador.

Además el incumplimiento en la aplicación de los instrumentos internacionales, particularmente los de protección estipulada en los convenios internacionales del trabajo, se suma a los inconvenientes que atraviesan los trabajadores en toda la República.

En cuanto a los derechos de los y las trabajadoras -se señaló- que no se hacen valer las garantí­as laborales de las mujeres, especialmente en cuanto a los perí­odos de maternidad y lactancia, así­ como el generalizado despido injustificado de las trabajadoras en perí­odo de gestación.

Los participantes del Congreso recomendaron impulsar la fiscalización social para lograr el compromiso de los operadores de justicia y la pronta administración de la justicia laboral, que responda a la equidad y transparencia de ejecución, al igual que a los principios de tutelaridad.

Además que responda a la equidad y transparencia de ejecución apegada a la idoneidad, capacidad y compromiso social en función del bien común. Es necesario -se indicó- denunciar aquellas acciones lesivas a la legalidad causadas por la falta de ética de jueces y magistrados. Fortalecer los mecanismos de supervisión del desempeño y actuación de los funcionarios y empleados de la administración de justicia y del Ministerio de Trabajo.