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En lo relativo a la polí­tica tributaria dicho acuerdo establecí­a que el sistema debí­a ser justo, equitativo y globalmente progresivo, conforme el principio constitucional de la capacidad de pago y que el Estado debí­a asegurar eficacia y transparencia en la recaudación tributaria y la administración fiscal a fin de fomentar la confianza de los contribuyentes en la gestión estatal y eliminar la evasión y defraudación fiscal.

Hoy, doce años y dos dí­as después de la firma de ese acuerdo los guatemaltecos son testigos de los resultados, casi nulos en materia fiscal. Tres gobiernos han pasado a la fecha y si bien la carga tributaria aumentó, no fue porque sea producto de una reforma tributaria profunda, sino porque la Junta Monetaria actualizó las cuentas nacionales.

Nuevamente estamos a las puertas de que se abra un nuevo capí­tulo en esta materia, pero el presidente Colom como sus predecesores no propone una reforma fiscal profunda como la que demanda Guatemala para que el Estado empiece a cumplir con sus obligaciones constitucionales en la búsqueda del anhelado bien común, tal como se lo imponen los artí­culos iniciales de la Constitución. La Hora Polí­tica, conversó sobre este tema con tres de los signantes del Acuerdo Socioeconómico.

Puro parche

El general Otto Pérez Molina afirma que la propuesta de modernización fiscal del Gobierno es «puro parche» y que sólo le interesa a su gobierno obtener más recursos, pero en ningún momento asume el compromiso de combatir frontalmente la corrupción y el contrabando y mucho menos transparentar el manejo del gasto público y la rendición de cuentas.

Su propuesta de modernización fiscal no recoge el espí­ritu de los Acuerdos de Paz en el tema impositivo, ya que su visión no es integral y sólo les interesa recaudar más recursos. «Nosotros no estamos en contra de que dispongan de más recursos, estamos en contra, eso sí­, que no quieran combatir corrupción, rendir cuentas, transparentar y elevar la calidad del gasto», agrega.

En conclusión, Pérez sentencia que en nada abona a la calidad del gasto público y tampoco a la rendición de cuentas y transparencia, asignarle más recursos a instituciones como la Comisión de Cohesión Social, que maneja la Primera Dama de la Nación, ya que no existe ningún tipo de fiscalización.

Estallido social

Pablo Monsanto, ex comandante guerrillero y a la vez signatario del Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, hace un llamado a todas las fuerzas polí­ticas del paí­s para que aprueben la modernización fiscal, de acuerdo con las negociaciones de paz, porque de lo contrario nos veremos a las puertas de un conflicto serio, ya no como en el pasado sino con el desbordamiento de la violencia común y organizada.

Según recuerda, siempre propusieron una polí­tica que cambiara el sistema fiscal, que fuera globalmente progresivo y equitativo de acuerdo con el principio de capacidad de pago, que establecieran obligaciones y deberes para todos, sin castigar más al consumidor final, porque ha sido costumbre trasladarle a éstos todas las cargas tributarias de los grandes empresarios y productores»

Simultáneamente sostiene que debe hacerse una reforma al Código Tributario y al Código Penal, estableciendo sanciones drásticas para todos aquellos que evaden y eluden el pago de sus impuestos, lo cual ha impedido que el Estado disponga de los recursos necesarios para invertirlos en el desarrollo humano y social que tanto necesita Guatemala.

Si la reforma fiscal o modernización anunciada por el Ejecutivo recoge el espí­ritu de los Acuerdos de Paz es el momento propicio para ponerla en marcha. Ahora, si solamente tratan de modernizar la polí­tica fiscal para castigar más a los sectores sociales bajos y a las clases medias y pobres con impuestos que castigarán más al consumidor, Monsanto afirma que es el momento menos indicado.

Finalmente, resalta la necesidad de enfrentar la crisis que se vive, mediante una buena polí­tica fiscal encaminada a propiciar el bien común, pero especialmente de los de clase media baja, pobres y especialmente de los que han llegado a la extrema pobreza, porque de ello depende la estabilidad institucional, de lo contrario, estarí­amos a las puertas de un estallido social.

«No debemos ver al Estado como un enemigo»

Por su parte, el sociólogo Gustavo Porras Castejón, señala como una necesidad mejorar la polí­tica tributaria ante la escasez de recursos que tiene el Gobierno de la República.

Según argumenta, nunca ha sido el mejor momento y menos ahora que el paí­s se encuentra en crisis y sobre todo cuando el sector empresarial cuestiona cualquier polí­tica fiscal. No es el momento, pero hay que ver las cosas con realismo y lo que vemos es una necesidad urgente de dotar recursos al Estado de Guatemala, tal como lo estipula el Acuerdo Socioeconómico, agrega.

Pero las crisis también dan oportunidades siempre y cuando se tengan los medios para aprovecharlas, sostiene el sociólogo, pero lamentablemente ese no es el caso de Guatemala, porque cualquier cosa que se haga para paliar el problema se requiere recursos y esos son los que el Estado no tiene.

Por lo tanto, estima que serí­a una barbaridad que se cuestione en estos momentos, una reforma fiscal que traerá algunos beneficios a la población. «Esta reforma contempla una rebaja a la tasa impositiva del 31 al 25% en el Impuesto Sobre la Renta y cierra las posibilidades de evasión mediante la falsificación de las contabilidades, de tal manera que quienes la objetan están defendiendo su derecho de falsificar sus contabilidades».

Además, explica que existe un régimen optativo en el ISR que en nada perjudica a la población, pero que sí­ afecta a la clase media ante la supresión de algunas exenciones del Impuesto al Valor Agregado. De manera que a la población como tal no la golpea, pero hay que hacer conciencia en la gente cuando reclaman justamente del Estado que tiene obligaciones que cumplir con su pueblo».

«Aun cuando se superara el 14 o 15% la carta tributaria, respecto al PIB, Guatemala continuarí­a siendo el paí­s de Centroamérica donde menos se pagan impuestos. Los guatemaltecos deben hacer conciencia que el Estado se encuentra debilitado enormemente en su capacidad de responder a las necesidades de la población y que esas necesidades se van a ver incrementadas en este contexto de crisis».

«No debemos ver al Estado como un enemigo, sino mas bien como un aliado en estos momentos en que nos está yendo mal», acotó el sociólogo.