Organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez solicitaron que se informe sobre la situación en la que se encuentran los 2 mil 938 niños a quienes se había iniciado el trámite de adopción antes del 31 de diciembre pasado
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Héctor Dionisio, coordinador del programa legal de Casa Alianza, indicó que las autoridades deben cumplir con su obligación e investigar todos los procesos de adopción que fueron iniciados el año pasado en la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Para realizar ese trabajo, Dionisio señala que las entidades gubernamentales deben contratar a personal capacitado y cancelar su salario, y no demandar ese servicio de las organizaciones sociales.
«No importa cuánto tiempo se lleve la investigación de cada caso, todos deben ser analizados a profundidad para determinar que no hubo anomalías (…) esperamos que el proceso se lleve a cabo con seriedad y no se intente cumplir con el plazo de un mes establecido por la PGN» reasaltó.