Tras el resultado a favor del estatuto de autonomía en el referendo organizado el domingo en el departamento de Santa Cruz, al presidente boliviano, Evo Morales, no le queda otro camino que el de la negociación si no quiere hundir al país en el caos, según los expertos.
El gobierno del primer mandatario indígena de Bolivia está en una encrucijada, tras el referendo que atizó los antagonismos políticos, sociales y étnicos en el país.
«O el presidente logra involucrar a todo el país en un debate nacional, o vamos hacia un punto crítico», afirma el analista político Alfonso Román, en una entrevista.
Román, autor del libro «Cambas y collas», que describe la rivalidad entre la población blanca de las ricas planicies y los campesinos pobres de los Andes, destaca que la «posibilidad de una confrontación civil es muy grande».
«Si la región empieza a nombrar a sus asambleístas al margen de la legalidad, el gobierno va a mandar al Ejército y la situación se va a poner explosiva», añade el analista.
Santa Cruz, pulmón económico de Bolivia, que cuenta con los principales yacimientos de gas, rechaza la nueva Constitución defendida por Morales, que preconiza una redistribución de la riqueza en el país más pobre de Sudamérica.
El texto constitucional, votado en noviembre pasado en ausencia de la oposición (política) y en medio de enfrentamientos que dejaron tres muertos, es el detonante de la revuelta lanzada por las regiones que acusan a Evo Morales, aliado de Cuba y Venezuela, de querer imponer un régimen totalitario.
Otras tres provincias rebeldes, que junto con Santa Cruz concentran 65% del PIB boliviano, también decidieron someter a referendo sus respectivos estatutos de autonomía.
Pero la Corte Nacional Electoral, autoridad suprema en la materia, puso a la misma altura al poder central y las regiones que buscan la autonomía: invalidó tanto la decisión del jefe de Estado de convocar un referéndum para aprobar su Constitución, como el referendo sobre autonomía regional ya celebrado.
En un foro de expertos organizado por el diario boliviano La Razón, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón señaló que «ninguna de las partes hizo mucho por ajustarse a la legalidad, dando paso a una legitimidad que, así, sólo puede desembocar en violencia».
«O estamos al borde del abismo o estamos al borde de la esperanza», resume en el foro el ex diputado social-demócrata, Guido Riveros, director de la Fundación Boliviana por una Democracia Multipartita (FBDM), para quien, «no puede haber autonomía sin lucha contra la exclusión».
Toda la cuestión se resume en saber hasta qué punto el gobierno central y las regiones opositoras a la Constitución de Morales están dispuestos a negociar.
Ambas partes «saben que no tienen la fuerza necesaria como para ignorar completamente al otro, y por lo tanto saben que tienen que coexistir», indicó el economista Luís Kinn.
Figura de proa de la oposición liberal, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, admitió que el referéndum no crea un estatuto de autonomía inmediato, «no hay que crear falsas expectativas, porque lo que estamos dando son pasos», dijo Costas antes del escrutinio.
El politólogo Carlos Cordero dijo que el referéndum de Santa Cruz era principalmente «una respuesta a la controvertida Constitución de Morales» y «una herramienta política para negociar».
Este docente de la Universidad San Andrés de La Paz predice una «agonía política» del jefe de Estado boliviano «si sigue ensimismado».
El gobierno boliviano objetó que la Iglesia Católica pueda facilitar un diálogo político entre el oficialismo y la oposición, para descomprimir la crisis política, por la participación del máximo jerarca católico en el referendo de Santa Cruz, informó hoy la prensa local.
«Nosotros esperábamos contar con la mediación de la Iglesia Católica para una negociación en los próximos días, pero lo cierto es que la Iglesia, por voluntad propia, ha dado un paso al costado», señaló el poderoso ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, citado por el matutino La Razón.
El Poder Ejecutivo observó que el cardenal Julio Terrazas, máximo jerarca católico en Bolivia, haya acudido a las urnas el domingo en la ciudad de Santa Cruz en el referendo para aprobar un estatuto de gobierno autónomo, proceso que para el oficialismo fue ilegal y secesionista.
El obispo, principal operador en un diálogo entre el oficialismo y la oposición, que aún no se vislumbra, ejerció su derecho al voto, respondió la Conferencia Episcopal en un comunicado.
El ministro Quintana, brazo derecho del presidente Evo Morales, acotó que «corresponde al gobierno, a los prefectos y la oposición asumir la responsabilidad directa de gestionar el diálogo».
Santa Cruz fue a las urnas el domingo para aprobar su estatuto autonómico (una suerte de constitución local) que recibió el respaldo del 85,81% de los votos, según recuentos parciales oficiales.
En cambio, el gobierno asegura que la consulta fue un fracaso. Alega que si se suma el abstencionismo, los votos en blanco y los nulos se llega al 50% de los 930 mil inscritos en el padrón electoral.