Con todo mi corazón yo quisiera estar equivocado y que, en tal sentido, el gobierno de Estados Unidos, incluyendo su Congreso, apruebe la solicitud del mandatario de Guatemala; pero en vista de los antecedentes que han registrado sobre el tema migratorio, dudo mucho que prospere esa solicitud, sobre todo si se toma en consideración que el desconocimiento de los derechos de los extranjeros ilegales en aquel paí­s, impacta frontalmente con los acuerdos internacionales en la materia.

Al leer la información que en torno a la reunión que sostuvieron los presidentes Colom y Bush en la Casa Blanca, busque en mi archivo un documento que recibí­, a principios de este año, escrito por el periodista Peter Costantini, de la agencia IPS, quien recuerda que la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948, sirvió de base para la suscripción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, signado por la totalidad de los paí­ses miembros de la Organización de las Naciones Unidas -incluyendo a Estados Unidos de América- que se comprometieron a respetar esos convenios.

Sin embargo, los tribunales norteamericanos consideran que tales acuerdos internacionales carecen de carácter obligatorio, pese a que los derechos humanos se caracterizan por su universalidad, es decir, se deben aplicar a todas las personas y no sólo a los ciudadanos del paí­s del que se trate, en este caso Estados Unidos, toda vez que el artí­culo 6 de la Declaración de los Derechos Humanos establece que «todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurí­dica».

En 2007, el relator de la ONU sobre la situación de los inmigrantes, el jurista Jorge A. Bustamente, durante dos meses recorrió varias regiones de Estados Unidos, para realizar una investigación que, al respecto, le encomendó el Consejo de Derechos Humanos del foro mundial, habiéndose reunido con inmigrantes y funcionarios de varios estados, además de visitar un centro de detención especí­fico para extranjeros en situación irregular; pero otras dos visitas que habí­a programado no las pudo efectuar porque fueron canceladas por autoridades estadounidenses, sin ninguna explicación.

Bustamente, ex catedrático de universidades de Estados Unidos y México, investigó y comprobó denuncias de detenciones y expulsiones arbitrarias, pésimas condiciones carcelarias, separación de familias, violación de procedimientos penales y administrativos, discriminación racial y étnica y violaciones a los derechos de niños, niñas y mujeres. El experto destacó en sus conclusiones la ausencia de un sistema centralizado de información acerca de inmigrantes detenidos y su ubicación, lo que se suma a las dificultades de sus familiares.

Asimismo, subrayó la detención obligatoria de personas que no suponen un peligro para la sociedad y sin que exista riesgo de fuga, así­ como el encarcelamiento de menores en centros penales para adultos y el desconocimiento del derecho a que los capturados cuenten con asesoramiento de un abogado. El relator exhortó al gobierno de Estados Unidos a garantizar que la legislación y las acciones administrativas de sus autoridades sean consistentes con sus obligaciones, respetando lo establecido en los tratados internacionales que ordenan la protección de los inmigrantes.

No es de extrañar, entonces, que Estados Unidos no haya ratificado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, la que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1990 y entró en vigor tres años después.

(Romualdo Tishudo le pregunta al inmigrante Renhé Leyba, más conocido en la bohemia gringa de Kansas como Saltador de Caracoles: -¿Y así­ se extraña el gobierno de EE.UU. de la antipatí­a que provoca en Latinoamérica?)