En total, 2 mil 938 menores cuyo proceso de adopción se inició antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, en enero de este año, están en paradero desconocido en Guatemala, denunció ayer el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
«No se sabe quién los tiene, si están en hogares del Estado o en manos privadas», declaró Alejandra Vásquez, portavoz del movimiento, que ha pedido a la Fiscalía general y al Consejo Nacional de Adopciones que tomen cartas en el asunto.
El movimiento, que sigue denunciando la «alarmente violencia y robo» de menores registrados en los últimos meses, quiere que investiguen la «ubicación, estado físico, psicológico y situación jurídica» de estos niños que siguen al amparo de la legislación anterior, pues la legislación guatemalteca no tiene carácter retroactivo.
El pasado 1 de enero cobró vigencia la ley que creó el Consejo Nacional de Adopciones, el cual regula los trámites según las exigencias del convenio de La Haya.
Desde esa fecha al ente rector sólo han llegado unas 20 solicitudes, cuando según cifras de la Procuraduría Nacional de la Nación anualmente se autorizaban más de 4 mil adopciones en el país, en un 95% de los casos a ciudadanos estadounidense.
Según organizaciones humanitarias, el «negocio» de las adopciones generaba unos 200 millones de dólares anuales a los abogados que participaban en los procesos.
Ahora, entre los niños de los que no se tiene información, según el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, se encuentran buena parte de los hallados en agosto del pasado año en la casa Quivira, en la turística Antigua Guatemala (sureste), uno de los casos más sonados que se asomó a las páginas de los medios internacionales.
De los 46 niños que fueron rescatados por la policía, diez ya fueron entregados a padres adoptivos de Estados Unidos, pese a un impedimento al proceso legal que se sigue, confirmó una fuente judicial.
De acuerdo con el funcionario, que pidió no ser identificado, la jueza Roxana Mena, titular de Primera Instancia de Menores, autorizó los trámites de las diez adopciones y también ordenó que el resto de los menores regresara a la Casa Quiriva, de la que habían sido rescatados.
Mena argumentó que «revisó» en presencia de la Procuraduría General cada uno de los casos y no «encontró anomalías».
No obstante, la Procuraduría de la Niñez señaló que la decisión de la jueza fue unilateral, y que a esta instancia se presentó un caso en que engañaron a la madre, diciéndole que su hijo había muerto, pero luego fue hallado en Casa Quivira.
Después del rescate, los niños fueron entregados mientras se resolvía la situación al Hogar Amor del Niño, propiedad de los estadounidense Steve y Shyrel Osborn, pero la jueza rechazó esa decisión y amparó a Casa Quiriva, que reclamó la devolución de los infantes por estar registrada legalmente para funcionar.
Los estadounidenses han denunciado desde ese entonces amenazas de muerte por desconocidos y por ello promovieron un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la jueza Mena.
«Tememos por nuestra integridad física, pues las amenazas son por teléfono y personales», según Shyrel Osborn.
La Casa Quiriva está localizada en las afueras de la turística Antigua Guatemala, y es propiedad del estadounidense Clifford Phillips y su esposa guatemalteca Sandra González.
Según Byron Alvarado, jurista del Movimiento anteriormente citado, sólo «15 niños» de Casa Quiriva están protegidos por una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Los demás, desconocemos el paradero», aseguró, antes de agregar que el Consejo Nacional de Adopciones «no ha podido ubicarlos».