Como se recordará, a principios del presente mes de abril, el Ministro de Comunicaciones destituyó fulminantemente de su cargo a Jorge Mario Sánchez, quien era el director de la mencionada institución, como consecuencia de que el diputado Noé Orellana, de la Gana, descubrió numerosas irregularidades, propias de la corrupción que ha imperado en esa dependencia desde hace décadas.

Hasta el momento de escribir estas notas no se tení­a conocimiento acerca de que se hubiese abierto un expediente en el Ministerio Público para establecer si el defenestrado funcionario cometió delitos que ameriten la persecución penal; pero sí­ se informó (La Hora, lunes 21 de abril) que el director interino estaba por presentar «una serie de denuncias a la Fiscalí­a Metropolitana del MP, sobre casos de corrupción» en la Dirección General de Transportes.

Al parecer, después de tantos años de denuncias públicas en distintos medios impresos y electrónicos, finalmente un funcionario de esa dependencia, en este caso el señor Rodrí­guez, tomó la decisión de encarar las numerosas anomalí­as que ocurren en la multicitada dependencia, aunque se corre el riesgo de que sea una mera llamarada de tusas -sobre todo porque ya fue reemplazado en el cargo-, como ha sucedido constantemente en la Dirección General de Migración, donde los dirigentes de los tres sindicatos de trabajadores que allí­ funcionan son los que designan los puestos, sobre todo los más apetecibles, en los que corre mal habido.

El problema en Transportes, empero, no radica únicamente en las irregularidades que se registran con lo que respecta a la emisión de documentación falsificada, para que operen lí­neas de autobuses extraurbanos cuyos propietarios no han cumplido con las mí­nimas reglas establecidas, sino que se extiende a otras áreas que son competencia de diferentes instituciones del Estado, como la Jefatura del Departamento de Tránsito y la propia Policí­a Nacional Civil.

Si se logra limpiar de corruptos a la Dirección de Transportes, tarea que no es nada fácil, también es necesario que sus funcionarios sean de probada capacidad e idoneidad, como lo he señalado más de una vez, en el sentido de que se nombre a ingenieros expertos en vialidad, y no a personas empí­ricas, sin más mérito que ser amigas del Presidente de la República o afiliadas al partido oficial de turno. Ignoro si el nuevo director, Augusto Marroquí­n, es ingeniero vial o simplemente un allegado al Ministro del ramo. Veremos cómo procede.

Asimismo, se requiere que se le dote de más personal, para que esa dependencia no se limite a autorizar documentos, puesto que es en las carreteras del paí­s donde se requiere de la presencia de personal que vele porque los pilotos de las camionetas respeten las normas del tránsito de vehí­culos.

De nada servirá que en las oficinas centrales de la Dirección de Transporte se exija a los empresarios del ramo que reúnan todos los requisitos vigentes, para autorizarles o renovarles lí­neas de transportes, si los conductores de sus unidades persisten en sobrecargar de pasajeros los autobuses, si éstos no se encuentran en buenas condiciones mecánicas, si se movilizan a altas velocidades y siguen rebasando en curvas a otros vehí­culos, sin importar la seguridad fí­sica y la vida misma de quienes viajan en camionetas o automóviles de uso particular.

No se trata de generalizar, pero la realidad es que casi todos los pilotos de camionetas del servicio extraurbano -con las honrosas excepciones que confirman la regla- se comportan salvajemente, sin que, en la parcial soledad de las carreteras, haya autoridad alguna que los pueda controlar. Los casos abundan y cualquiera que viaje esporádica o frecuentemente al interior del paí­s, es testigo de la patanerí­a rayana en el delito de esos energúmenos, ante la indiferencia de los tripulantes de una que otra autopatrulla apostada a la orilla de las carreteras.

(Según Romualdo Tishudo, para ciertos funcionarios los siete pecados capitales son siete metas que se proponen alcanzar).