Al hacer una valoración sobre la situación actual de los derechos humanos en Guatemala, debe hacerse desde una perspectiva histórica, que confronte la situación actual con el pasado reciente, previo a la finalización del conflicto armado interno y a la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, de 1996, subrayó el Magistrado de Conciencia, doctor Sergio Morales, al revelar un extracto de la realidad nacional.
Indicó que la confrontación interna causó en la población la pérdida del sentido de solidaridad; el tejido social quedó severamente desgarrado y se extendió la sombra de una generalizada cultura de violencia e impunidad que hoy parece reproducirse de forma alarmante y extendida.
Impunidad
En el país hay una agenda de violaciones de derechos humanos del pasado que sigue esperando respuesta desde el Estado y cuya desatención alimenta el clima de impunidad prevaleciente, que obstaculiza la consolidación del estado de derecho y la conciliación nacional. Los derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral siguen siendo negados a cientos de miles de víctimas del conflicto armado interno.
Explicó que la situación actual se caracteriza por la subsistencia de algunas de las condiciones estructurales que alimentaron el conflicto armado interno y la violación de los derechos humanos en ese período, por el agravamiento de muchos de esos problemas estructurales que continúan haciendo de Guatemala un país con desigualdades extremas.
Constantemente los guatemaltecos sufren de una vorágine de asesinatos, violencia y criminalidad que configura un cuadro general de violación al derecho humano a la seguridad y a la vida, reconocido por la Constitución Política de la República y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Causas estructurales
Esta situación es causada por una compleja interacción de factores estructurales como la persistencia de la pobreza y la pobreza extrema, el desempleo, la exclusión social y la discriminación; por el debilitamiento de la capacidad del Estado para proveer de satisfactores sociales básicos como salud, educación o servicios comunitarios; y, principalmente, por el debilitamiento de la capacidad del Estado para contener la acción disolvente y la descomposición social provocadas por la proliferación de la criminalidad común, el crimen organizado y los poderes ocultos y paralelos, todos los cuales medran en un ambiente de impunidad generalizada y debilidad extrema del sistema de seguridad y justicia.
Reiteró que el responsable principal por la violación al derecho humano a la seguridad en Guatemala es el Estado, tanto por omisión como por acción de algunos de sus agentes.
Servicios públicos privatizados
El Estado guatemalteco ha cedido espacios de su accionar como representante de la sociedad en su conjunto: grandes porciones de la seguridad se encuentran privatizadas y el Estado ha renunciado al monopolio del control de las armas y del uso de la fuerza en interés del bien común.
La proliferación de cuerpos privados de seguridad, al punto que sus efectivos superan a la fuerza armada estatal, ya sea ésta la Policía Nacional Civil o el Ejército de Guatemala, en tanto que en aquellos espacios geográficos en los cuales se ha creado el vacío estatal se establecen poderes fácticos, usualmente articulados al crimen organizado, en particular al narcotráfico.
El debilitamiento del Estado, además, ha erosionado su capacidad para garantizar a la mayoría de los habitantes el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Una de las causas de este debilitamiento -dijo- se encuentra una orientación ideológica de corte eminentemente neoliberal, que preconiza y ha impulsado el adelgazamiento extremo del Estado, sustituyendo una prudente concepción de subsidiaridad por la privatización indiscriminada de esferas públicas, incluyendo servicios básicos y bienes estratégicos de la nación.
Problema fiscal
A su vez -y como expresión de aquella orientación dominante- en la base del debilitamiento del Estado se encuentra una irresuelta y recurrente problemática fiscal, que no permite al país superar o compensar las grandes inequidades sociales y económicas, al punto que Guatemala se cuenta entre los países con mayores desigualdades en el mundo.
El resultado es el deterioro generalizado de la capacidad del Estado para prestar a la mayoría de la población -con mínimos de eficiencia, calidad, extensión, oportunidad y pertinencia cultural- servicios básicos de salud, educación, salubridad e infraestructura comunitaria en las condiciones particulares de una nación multiétnica, multicultural y multilingí¼e.
Recalcó que en Guatemala no podemos y no debemos permitir un retorno a aquellos años tenebrosos. Y para que eso no ocurra debemos fortalecer la lucha por los derechos humanos.