Las políticas exigidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres no son planes «populistas para dividir a la sociedad». Resulta curioso que sean algunas mujeres quienes alcen la voz, pero en contra de acciones y medidas para eliminar la violencia de género.
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Las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres son históricas y reales. Se exige la aprobación de leyes a favor de las mujeres porque en sociedades como la nuestra, el machismo, incluso institucionalizado, mata.
Los casos son vistos como cotidianos, cuando en un bus, ante la mirada de casi 50 pasajeros, a la niña del colegio un tipo la pasa rozando; cuando frente a un policía de tránsito y un nacional civil, un «macho» en motocicleta extiende la mano para poder alcanzar a la joven y satisfacerse, o en plena 10 calle y 4 avenida de la zona 1, un sujeto de apariencia «sana» luego de pasar manoseando intimida con asesinar.
La aprobación de una ley que tipifique las formas de violencia contra la mujer es un gran paso. No obstante, diferentes estudios dan cuenta que Guatemala sufre de Feminicidio más que femicidio.
En muchas ocasiones expertas y expertos en el tema han aclarado que el término femicidio derivado de homicidio, se cataloga como asesinato de mujeres, mientras que el término feminicidio añade una significación política al «genocidio contra mujeres».
Y es que el Estado, tolerando la impunidad, se convierte en cómplice y parte fundamental en la ausencia de solución de estos delitos; cientos de mujeres han sido brutalmente asesinadas, violadas y mutiladas, pero es insignificante el número de condenas penales.
El papel de las mujeres en una sociedad verdaderamente democrática debe ser igualitario. Las libertades, obligaciones y derechos en lo social, político, económico y cultural no deben subordinarse a lo masculino. Es deber de mujeres y hombres la construcción de esa nueva sociedad incluyente y equitativa, y es deber del Estado garantizar el beneficio colectivo.
Las barreras que por mucho tiempo han permanecido, incluso en el imaginario de las nuevas generaciones, deben comenzar a desbaratarse. No será de extrañar que en un gabinete de gobierno no muy lejano, en Guatemala también se designe a la primera ministra civil de la Defensa, como acaba de suceder en España con Carmen Chacón.
Al ejemplo de Cachón, se suman los de Cristina Fernández, presidenta de Argentina, Michelle Bachelet, que antes de ser presidenta de Chile fue también ministra de Defensa, y algunos más, de compañeras y compañeros que pese a las adversidades continúan trabajando.