No cabe duda que el panorama financiero para el año próximo se presenta desde ya sumamente complicado, no sólo por la alta probabilidad de que el Congreso no apruebe el Presupuesto General de la Nación, sino porque debido al desorden provocado por las transferencias presupuestarias y por el endeudamiento desmedido que generó este gobierno, se vienen dí­as sumamente complejos y el futuro ministro de Finanzas deberá poner todo su empeño para desentrañar el desorden causado por una administración que obedeció a criterios de polí­tica electoral más que a los de la disciplina y orden en el manejo de los recursos.

Las sucesivas renuncias de los ministros Fuentes Knight y Balsells Conde fueron consecuencia de la imposibilidad de asegurar la disciplina fiscal necesaria en el marco de las constantes exigencias para nutrir los programas clientelares del Gobierno. Además está el problema de la necesaria reforma fiscal que tiene que partir de un pacto entre los distintos sectores, mismo que no será posible en la medida en que se mantengan criterios de ocultamiento de datos como los que se dieron durante este gobierno.

Llama la atención que ningún candidato está abordando desde ya el tema de las complicaciones que son seguras para el año próximo y eso demuestra desconocimiento o irresponsabilidad, porque no se puede ofrecer el oro y el moro cuando no habrá recursos ni para cubrir las necesidades básicas del Estado luego del perí­odo más desordenado que hemos vivido desde que se realizó el ajuste financiero en los años ochenta bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional.

El mundo entero está entrando en una etapa de recesión que preocupa a los expertos y en Europa vemos que los paí­ses que se han endeudado más de la cuenta y los que no han mantenido disciplina fiscal son los más vulnerables ante la crisis. En el caso de Guatemala estamos en el peor momento de la historia financiera porque nunca habí­amos tenido un gobierno administrado tan irresponsablemente a la hora de disponer de los recursos, al extremo de que era una persona formalmente ajena a la estructura del Gobierno quien disponí­a qué y cuánto se transferí­a para nutrir sus programas. No se respondí­a a estudios y por eso es que tampoco hay elementos para medir cuál fue el impacto de los programas en reducción y combate de la pobreza, porque los criterios seguidos fueron electoreros más que sociales y por lo tanto los efectos también lo fueron.

El electorado tiene que saber que mucho de lo que ofrecen los candidatos es imposible porque habrá limitaciones financieras que, por lo visto, ninguno de ellos ha visto venir o tiene la claridad para explicarla al público.

Minutero:
No habrá recurso suficiente 
para tanta promesa imprudente; 
el desorden financiero 
los dejará sin dinero