He sido de los que han encomiado el trabajo del Ministerio Público en los últimos meses y creo que hay efectivamente logros que apuntalan la esperanza de combatir la impunidad en el paí­s. Sin embargo, creo que el Ministerio Público se enfrenta ahora a un reto que puede ser decisivo respecto a su futuro, puesto que le corresponde investigar la denuncia que alguien hizo llegar al diario elPeriódico sobre el trasiego de dinero hacia Panamá, realizado por quienes fueron identificados como allegados de las señoras Torres y de la hija de la hermana de la entonces aún esposa del Presidente.

Si el caso se va a esclarecer debe ser no por investigaciones que haga la Presidencia de la República, sino por las que puede y debe realizar el Ministerio Público. Dentro de unos meses, cuando termine el perí­odo de Colom, sin duda que se empezarán a indagar muchas cosas y dirán que hay cacerí­a de brujas, pero el caso es que cuestiones como esto de Panamá, lo de Tomza, las contrataciones realizadas al amparo de estados de sitio o de calamidad, demandan que el Ministerio Público demuestre su nivel de independencia.

Luego de la actitud que tuvo la Fiscalí­a General de la Nación al no pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de las candidaturas presidenciales, hay algunos sectores que han expresado sus dudas respecto a la independencia de la institución y eso le hace terrible daño al esfuerzo que se viene haciendo para avanzar en la lucha contra la impunidad, porque no debemos olvidar que en el asunto tienen que ver mucho las percepciones. Si la gente siente que el MP está actuando de manera independiente y sin proteger a nadie, seguramente que acudirá con confianza a denunciar aquellos casos en los que se tiene que realizar una pronta y efectiva investigación, pero eso se habí­a perdido durante años de ineficiencia y, peor que eso, de complicidad de muchos fiscales con las redes de crimen organizado en el paí­s.

Soy de la opinión de que estos casos tienen que ser profundamente investigados, no porque se trate de familiares del Presidente, sino porque es necesario aplicar la ley correctamente. Los medios recibimos muchas veces denuncias que nos filtran personas interesadas y es nuestra obligación hacerlas públicas. Evidentemente hay muchos factores que cuentan y de la misma manera en que puede haber animadversión, hay también hechos que resultan grotescos y que no pueden pasarse por alto. La denuncia publicada por elPeriódico cae en los casos de corrupción que tienen que ser investigados y en los que la prensa tiene que insistir en que sean investigados. Es como el caso del Viceministro de Comunicaciones que fue nombrado siendo mandatario de una empresa constructora, denuncia que lamentablemente fue silenciada en toda la prensa por el poderí­o económico de la firma que logró colocar a su peón para que se hiciera cargo de los pagos en el MICIVI.

Corrupción es corrupción y tiene que ser no sólo denunciada sino que se debe exigir que el sistema de justicia opere a partir de investigaciones serias que permitan determinar las responsabilidades. No es difí­cil seguir la pista al dinero si se sabe quiénes eran los emisarios. Basta con detenerlos para que expliquen por qué llevaban esas sumas, por qué viajaron tantas veces, a dónde fueron a depositar el dinero y quién les enviaba. A partir de eso podemos establecer el origen del dinero que, seguramente, no viene de los ahorros de las hermanas señaladas ni del trabajo de la sobrina.

La explicación presidencial puede ser importante, pero en el fondo no es la que resuelve ni esclarece nada. Hay un hecho delictivo públicamente denunciado y ojalá que ahora ni las autoridades ni el resto de la prensa, se hagan los locos como pasó con el negocio de la constructora.