Desde que recibí las primarias enseñanzas escolares me enseñaron que las condecoraciones se hicieron para premiar, distinguir u homenajear a quienes de una u otra manera habían hecho algo positivo para el país o para una causa en especial. Sabiamente me advirtieron que no siempre se utilizan para tan loable propósito o intención, debiendo estar preparado para encontrarme con gente con apariencia de árbol navideño por tantos adornos que sin mérito alguno llevan encima.
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Pero no es mi intención hablar de usurpadores, sino lamentar que caballeros como el licenciado Miguel Solís, Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, con ejemplar trayectoria y quien acaba de tener la entereza, rectitud y valor de aplicar la ley tal y como debieran hacer tantos al frente de un cargo público, se le ocurriera a un trasnochado político entablarle una acción legal con el pretexto de que ello podría calificarse como “extralimitación de funciones†y en cambio, a nadie se le ha pasado por la mente proponerlo para recibir la máxima presea que pudiera existir para distinguirlo como un fiel cumplidor del deber. Vean qué caso. Solo aquí en Guatemala ocurren estas cosas.
Por otra parte, contradictoriamente, tuvieron que pasar trece sesiones plenarias del Congreso de la República para que finalizara la merecida interpelación del ministro de Gobernación, Carlos Menocal y, a pesar de que no hay chapín que pueda sentirse seguro de no sufrir un asalto con solo poner un pie en la calle, todo parece indicar que continuará campante desempeñando un cargo público que a todas luces le queda grande, sin recibir el voto de falta de confianza del que habla el artículo 167 constitucional y, si lo anterior no fuera una clara y evidente señal del descalabro por el que estamos pasando, nuestros diputados seguirán incumpliendo sus obligaciones, faltándole reiteradamente el respeto a sus electores y todo, porque en mala hora la politiquería les permitió reelegirse cuantas veces quisieran.
No hay derecho, sigue impertérrita la falta de respeto a la población electora por cuanto los políticos inescrupulosos solo satisfacen sus intereses personales, llenándose los bolsillos con el dinero proveniente de nuestros impuestos. Mientras por una parte el Presidente de la República y exmarido de la señora Torres llama a respetar el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad que impidió definitivamente su inscripción como candidata presidencial, por la otra la Doña demanda al Estado de Guatemala ante la Corte Centroamericana de Justicia aduciendo habérsele negado su derecho a elegir y ser electa.
No digo pues, solo aquí pasan estas cosas y todo, porque ha sido tal el resquebrajamiento de valores y principios en nuestra sociedad que nos llevó a confundir el término libertad hasta inclinarnos hacia lo que nos ha estado apartando de sus buenos fines. Libertad es la negación de la espontaneidad, al contrario, es el dominio de la razón y de la voluntad.