La semana pasada escribí acerca del Encuentro Parlamentario para considerar la migración guatemalteca hacia Estados Unidos. Indicaba que la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) presentaría sus opiniones y demandas, en defensa de los intereses de los emigrantes guatemaltecos. Así se hizo y, una vez más, los diputados del Congreso han decidido oirnos pero sin escucharnos. Se sospecha de una maniobra cuando se invita al Encuentro Parlamentario con un objetivo y se utiliza la oportunidad para otro: tomar apresuradas decisiones para promover intereses particulares.
Una de nuestras demandas centrales era que la Ley del Consejo Nacional de Atención a los Migrantes de Guatemala (Conamigua) fuese modificada en función de nuestros intereses como emigrantes e implementada a la brevedad posible. La ley había sido aprobada de forma tan improvisada el año pasado que resultaba imposible implementarla. Aún sin estrenar necesitaba modificaciones. Hay modificaciones más sustanciales que urge hacer: El Consejo Nacional, cuya función específica es atender a los migrantes, NO INCLUYE A NINGíšN MIGRANTE. í‰sta es falla sistemática de la clase política, al arrogarse la discusión de los temas sin la participación de la población interesada. Lo mismo han hecho con los trabajadores, los campesinos, las mujeres y los pueblos indígenas.
Los diputados decidieron modificar la ley; pero no en función de nuestros intereses sino de los intereses particulares de algunos de ellos. Como resultado, el diputado López Villatoro, ponente de la ley, su promotor en Estados Unidos y ponente de las dos únicas reformas que el Congreso aprobó, resultó inmediatamente electo representante del Congreso en Conamigua. Una de las reformas aprobadas establece que el Secretario Ejecutivo, que manejará la oficina correspondiente, tenga una experiencia en el tema de tres años, curiosamente el tiempo que puede aducir Juan José Cabrera, ex diputado y ex Viceministro, para ser considerado como el «candidato ideal».
Para nosotros, estos arreglos tras bambalinas, característicos del «quehacer político», defraudan nuestras expectativas. La ley sigue adoleciendo de fallas sustanciales, desde la ausencia de los emigrantes en el Consejo Nacional -participación en el Consejo Asesor, solamente, con más de 30 integrantes y pocas probabilidades de tener trascendencia- hasta no tener la atribución de promover el derecho al voto y la representación en el exterior. No parece que esto sea casual, sino manifestación de la voluntad política de los diputados, que siguen constituyendo una clase política desligada de los intereses legítimos de la población. Desoyen así el descontento acumulado de la ciudadanía, cansada de su inoperancia.
En el caso de los emigrantes y sus familias, más que festejar la modificación de la ley, nos tendremos que concentrar en vigilar que nuestros intereses no sean afectados con su aplicación: generaremos toda la presión necesaria para que el Estado guatemalteco responda a las necesidades de los emigrantes y sus familias; vigilaremos que nuestras remesas sean respetadas; y seguiremos exigiendo el respeto de nuestros derechos humanos en Guatemala y en todas partes.