La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el miércoles la reanudación de las ejecuciones por inyección letal, suspendidas desde hace más de seis meses, al estimar que ese método es constitucional.
Por siete votos contra dos, la mayor instancia judicial del país rechazó el pedido de dos condenados a muerte en Kentucky (centro-este) que cuestionaban este método utilizado en casi todas las ejecuciones en Estados Unidos.
«Los demandantes no probaron que el riesgo de sufrimiento vinculado a una mala administración de un protocolo de inyección mortal que reconocen como humano, así como el rechazo a adoptar alternativas no verificadas, constituye un castigo cruel e inhabitual» prohibido por la Constitución, indicó el presidente de la Corte, el juez John Roberts.
El fallo se aplica solo a Kentucky y deja abierta la puerta al debate en las jurisdicciones inferiores de otros Estados, más teniendo en cuenta que los jueces no lograron llegar a una causa común para su resolución.
Ideada en 1977 con el fin de ofrecer al condenado una muerte pacífica y rápida, la inyección letal consiste en la administración de tres productos: el primero duerme al condenado, el segundo paraliza sus músculos y el tercero detiene su corazón.
Si todo ocurre con normalidad, la persona pierde rápidamente el conocimiento y muere en pocos minutos. Pero si el primer producto es mal administrado, las dos inyecciones siguientes resultan extremadamente dolorosas, como manifestaron varios estudios científicos y una serie de ejecuciones fallidas.
Para los dos jueces de la minoría, Ruth Ginsburg y David Souter, este riesgo no puede ser tomado a la ligera, y los Estados deben aplicar «garantías de base» para asegurarse de que el condenado esté realmente inconsciente antes de recibir las dos últimas inyecciones.
Uno de los magistrados que se pronunció con la mayoría, John Paul Stevens, consideró que la división entre los jueces a la hora de votar plantea desafíos futuros: «este caso generará un debate no sólo sobre la constitucionalidad del protocolo (…) sino también sobre la justificación para la propia pena capital».
Por su parte, el director ejecutivo de la filial estadounidense de Amnistía Internacional (AI), Larry Cox, lamentó que el fallo no se refiriera a la cuestión más general de si la condena a muerte debería prohibirse por razones de justicia social y equidad.
«En definitiva, la preocupación sobre la inyección letal no es más que una distracción de la infinidad de problemas que plagan el sistema de penas de muerte» como asesoramientos incompetentes, falta de ética profesional y visiones racistas o clasistas en la administración de justicia, dijo Cox.
Tras el anuncio de que la Corte examinaría el recurso, el 25 de septiembre, se generó una moratoria de las ejecuciones y ahora corresponde a las jurisdicciones inferiores decidir en qué medida se aplica esta decisión a cada uno de los 36 estados estadounidenses donde rige la pena de muerte.
Estos procedimientos podrían llevar años, e incluso relanzar el debate sobre la necesidad de la pena capital, sobre todo en estados con pocas ejecuciones. Pero probablemente sean muy rápidos en el sur, donde largas filas de condenados esperan en corredores de la muerte de Texas, Oklahoma o Alabama.
Dos tercios de los estadounidenses se declaran a favor de la pena de muerte, en un país donde 3.260 condenados están actualmente en corredores de la muerte a la espera de ser ejecutados.
La Corte Suprema comenzó el miércoles a analizar otro caso susceptible de aumentar la cantidad de personas a favor de la pena capital: debe resolver si la violación de menores puede ser castigada con la muerte, una sentencia que en los últimos 30 años fue aplicada exclusivamente a los condenados por asesinato.
En diciembre, el estado de Nueva Jersey (noreste) se convirtió en el primero en 40 años en abolir la pena de muerte.