Somos pocos los columnistas que no nos hemos ensañado con el actual Gobierno, aunque ha dado suficientes motivos para que sea blanco de la crí­tica, sobre todo por desafortunadas declaraciones de funcionarios cercanos al presidente Colom, quien tiene que dar la cara ante las contradicciones de sus subalternos, como el caso de los aviones en los que ha viajado al exterior.

Ahora mismo está por presentarse otro grave problema si el mandatario no se adelanta a los acontecimientos, es decir, ordena que no se vaya a cometer una notoria arbitrariedad que llegarí­a a afectar a los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, especialmente los indocumentados.

Según un documento que recibí­ (y que también fue enviado a otros colegas), desde 2003 nuestros compatriotas que trabajan en la nación del norte tienen la posibilidad de gestionar a un costo de US $15 su Tarjeta Consular, en cualquier consulado de Guatemala, de los cuales, 5 dólares ingresan al Ministerio de Relaciones Exteriores, y 10 dólares para la empresa emisora del documento. Esa tarjeta posee una decena de elementos de seguridad que no permiten su falsificación, lo que ha determinado que el gobierno de EE.UU. la califique como documento totalmente confiable, además de que los bancos de la mayorí­a de los estados de ese paí­s las acepten para abrir cuentas en ellos.

De acuerdo con esa versión, pese a que la operación ha sido exitosa, habiéndose emitido más de 400 mil tarjetas en pocos años, sin que su costo haya sido modificado, y que la empresa responsable de su emisión es la misma que emite con eficiencia y prontitud los pasaportes guatemaltecos, al parecer algún o algunos funcionarios del Gobierno tienen la intención de restar transparencia a este proyecto, con el oculto ánimo de adjudicar el programa a otra empresa, pero sin que medie licitación alguna.

No conozco ni de nombre a los personeros de la Corporación La Luz, la empresa guatemalteca que tiene a su cargo la emisión de pasaportes, pero todos sabemos que en menos de una hora uno obtiene ese documento, al contrario de lo que ocurrí­a hace años, y esa misma compañí­a suscribió un contrato con el Ministerio de Gobernación, para la operación de las tarjetas consulares; pero estando a punto de fenecer el convenio (el 30 del mes en curso) no se informado si se va a prorrogar el contrato ni se ha abierto la convocatoria a la licitación respectiva.

Personalmente a mí­ me importa un pepino que le concedan o no la prórroga a la empresa mencionada; pero lo que me llama la atención es que exista la posibilidad de que algún o algunos funcionarios mañosos vayan a tomar una decisión arbitraria, a puro dedazo, para beneficiar a una compañí­a que no tenga la capacidad ni la experiencia para realizar las operaciones de las tarjetas consultares, afectando a los chapines en EE.UU.

Se presume que uno de los bancos que operan en Guatemala y que habrí­a contribuido a financiar la campaña electoral del entonces candidato Colom, es el interesado en obtener el contrato. De ser cierta esa versión, esa institución bancaria, al salir favorecida, tendrí­a acceso a toda la base de datos de los emigrantes en Estados Unidos, generadores de las remesas familiares, creando así­ un monopolio de apertura de cuentas, fuera de que estarí­a obteniendo irregularmente ese vasto negocio de las remesas, compitiendo ilegalmente con los demás bancos del sistema.

Probablemente el presidente Colom no esté enterado de este oscuro negocio; pero si llega a convertirse en realidad, es decir, que se contrate a cualquier empresa sin previa licitación, otra vez tendrá que salir en defensa de funcionarios improvisados o avorazados, y nuevamente estará bajo el ojo de la crí­tica mediática, por falta de claridad en los procedimientos administrativos.

(El funcionario Romualdo Vurókrata, arrepentido de un cobro indebido, le dice a su mujer: -Fui con el cura a confesarme, quien me dijo que rezara 5 Padres Nuestros, pero yo sólo me sé uno).