El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez logró la aprobación en el Congreso de una nueva contribución especial aplicada a partir de ayer a las «ganancias súbitas» de las empresas petroleras, en pleno boom de los precios internacionales del crudo.
La contribución obligatoria de las petroleras, se aplicará en una tasa de 50% -sobre el excedente- cuando el precio del crudo supere los 70 dólares por barril, y en 60% cuando rebase los 100 dólares por barril, que será liquidado en dólares.
La medida aprobada el martes en forma expedita por el Congreso de abrumadora mayoría oficialista –164 curules con sólo siete legisladores disidentes– se aplicará a las exportaciones o transporte de crudo o los productos derivados e hidrocarburos líquidos, naturales y mejorados.
«No queríamos hacer una ley expropiatoria de las empresas. La idea no es provocarle pérdidas», dijo el ministro de Energía, Rafael Ramírez, al explicar cómo se aplicará la alícuota, con el barril del petróleo Brent como referencia.
«No se trata de un nuevo impuesto sino de una contribución especial, mediante la cual el Estado venezolano quiere beneficiarse de los altos precios del crudo, y las empresas lo contabilizarán como costos y no como un impuesto», explicó Elio Ohep, editor de la publicación especializada Petroleumworld.
En los niveles actuales, con un Brent a 111,31 dólares por barril, la nueva contribución ascendería a 1.200 millones netos anuales, «pero no tiene nada que ver con el régimen fiscal», enfatizó Ohep.
Los recursos no serán entregados a la unidad del Tesoro nacional sino como un aporte especial directo al Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden), que es un fondo extrapresupuestal que administra el Presidente de la República para obras estratégicas, adicional al presupuesto anual.
La bonanza petrolera permitió a Chávez acumular en el Fonden 30.195 millones de dólares desde 2005 a 2007, pero ya fue desembolsada la mitad de esos recursos y está comprometido el 80%.
El Congreso reformuló la propuesta original de Chávez, quien lo planteó al principio como un impuesto y finalmente fue aprobado como una contribución especial fuera del régimen impositivo.
Actualmente, el gobierno aplica a las petroleras un régimen impositivo de 33% como regalías sobre los ingresos de la extracción del petróleo; un impuesto sobre la renta de 50% que es deducible; y otros impuestos puntuales que no pasan de 2 o 3%.
La contribución saldrá de las cuentas de PDVSA y de las empresas mixtas que la corporación estatal integra con las multinacionales petroleras, que el Estado controla desde el 1 de mayo de 2007, con mayoría accionaria de al menos 60%, tras un proceso de nacionalización.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo cinco de la ley, «la contribución de PDVSA será menor a la que harán las multinacionales, porque la estatal podrá deducir sus contribuciones que ya realiza al Fonden», advirtió Ohep.
Más aún, la ley otorga al gobierno la posibilidad exonerar de manera total o parcial algunas exportaciones de crudo.
«El gobierno necesita ingresos frescos porque le hacen falta recursos mayores para sostener un elevado gasto público y el gasto social» que es el pilar de su popularidad, dijo Narciso Guaramato Parra, presidente de la fundación Núcleo de Economistas de Venezuela.
La nueva contribución «no va a llevar a las petroleras extranjeras a sacar sus inversiones del país, porque al final de cuentas todavía están obteniendo grandes ganancias por el boom de precios mundiales», señaló Pietro Pitts, editor jefe de la revista Latinpetroleum.
«Más allá de los impuestos y nuevas contribuciones, que son altos pero no afectan las grandes ganancias, las empresas multinacionales quieren saber si tienen seguridad legal para permanecer en Venezuela», señaló Pitts.
La canasta de crudos venezolanos alcanzó este martes 99,8 dólares por barril.
Venezuela, mayor exportador latinoamericano, reporta una produción de 3,3 millones de barriles diarios, pero la Agencia Internacional de Energía calcula una producción real de 2,4 millones de barriles diarios.