El gobierno español, que acaba de crear un ministerio de Inmigración, ha decidido tomar medidas contra el desempleo, y especialmente el que afecta a los trabajadores extranjeros, prometiendo estudiar ayudas y microcréditos para el retorno voluntario.
El presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que explorará la posibilidad de ofrecer ayudas al retorno voluntario de los inmigrantes, junto con un paquete de medidas para enfrentar la desaceleración económica.
Se trata de que el inmigrante desempleado que quiere regresar a su país pueda cobrar «de una sola vez» la prestación por desempleo que normalmente se recibe cada mes, explicó María Jesús Luengo, portavoz del ministerio de Economía.
La otra es la concesión de microcréditos para que quien regrese pueda montar un negocio.
Ambas se añadirían a un plan de retorno ya existente desde 2003, coordinado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y diversas ONGs.
Estas medidas se inscriben en el objetivo de una «buena gestión de los flujos migratorios en íntima relación con la elasticidad del mercado laboral», explicó Pedro Zerolo, secretario de políticas migratorias del partido socialista.
España, que en los últimos años ha disfrutado de un fuerte crecimiento, vio descender su tasa de desempleo hasta casi el 8%, pero a partir de 2007 se ha incrementado -en paralelo a las previsiones de un menor crecimiento- y las perspectivas no son optimistas.
El banco BBVA revisó al alza la previsión de la tasa de desempleo este año, que sitúa en el 9,5% y en el 11% en 2009, y estimó que en el sector de la construcción, el más afectado por la desaceleración, se destruirán «entre 330 mil y 440 mil empleos en los próximos dos años».
El desempleo afecta especialmente a los inmigrantes: en 2007 lo padeció el 8.6% de la población activa, pero más del 12% de la población inmigrante.
Un 20% (algo más de 400 mil personas) de un total de dos millones de desempleados son inmigrantes, en un país que hoy cuenta con un 10% de extranjeros (4.5 millones de un total de 45 millones de habitantes).
Aunque el desempleo aumente a causa de un crecimiento más lento, un grupo de expertos de la Fundación Empresa y Sociedad calculó que España necesitará pese a todo traer a 157 mil trabajadores extranjeros anuales hasta 2020.
«Hay una caída de empleos en la construcción de vivienda, pero sigue habiendo demanda en otros subsectores como las VPO (viviendas subvencionadas) e infraestructuras y en otros servicios», tranquilizó la portavoz de Economía, que recordó que el gobierno también va a poner en marcha un plan de recolocación de trabajadores del sector inmobiliario.
«Todas las propuestas en este tema son bienvenidas», aplaudió por su parte Raúl Jiménez, portavoz de la asociación de ecuatorianos en España Rumiñhaui, que sitúa en 15 mil los desempleados ecuatorianos en el sector de la construcción.
Pero «no sabemos hasta qué punto puede constituir una posibilidad de futuro» el cobro de las prestaciones por desempleo, que calcula en «5 mil o 6 mil euros», o un microcrédito.
Admite que «muy poca gente se apunta» al plan actual de retorno porque «la situación en Ecuador está bastante difícil».
Mohamed Aidou, adjunto a la secretaría de migraciones del sindicato Comisiones Obreras, sostiene que ese tipo d emedidas «siempre han sido un fracaso» en Europa.
Pero subraya que «en España el colectivo de inmigrantes es bastante dinámico».
«Estamos viendo que los que pierden empleo se están trasladando a otros servicios como la agricultura y la hostelería», dijo Aidou.
El presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, creó un ministerio de Trabajo e Inmigración que le permitirá hacer más visibles sus políticas para los trabajadores extranjeros y enfrentar mejor las críticas de la oposición conservadora.
Se trata de un cambio de nombre -ya que hasta ahora era el ministerio de Trabajo el que se ocupaba de las políticas migratorias- pero que hace más visible el objetivo de Zapatero en inmigración, consistente en priorizar las entradas «legales», en un país que ya cuenta con un 10% de población extranjera.
«En este país, todos los inmigrantes que sean necesarios y uno más, pero todos con contrato de trabajo. Eso debe ser incuestionable», dijo el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
Corbacho mencionó además las nuevas propuestas de Zapatero para fomentar el retorno voluntario de los trabajadores extranjeros, especialmente los desempleados, que deberá concretar y poner en marcha.
«Si el tema del empleo se quiebra, se debe facilitar que el que quiera retornar a su país, pueda hacerlo», declaró ayer a la radio Cadena Ser.
Asimismo se mostró partidario de incrementar las plazas en el sistema educativo y las becas para los inmigrantes.
Con esta posición parecía responder a las alarmas que hizo sonar el conservador Partido Popular (PP), primera formación de la oposición, durante la campaña para las elecciones legislativas del 9 de marzo.
El PP denunció que los inmigrantes copan las plazas de los comedores de las escuelas y otros servicios como los médicos, perjudicando el acceso de los ciudadanos españoles.
El líder del PP, Mariano Rajoy, alertó de la «avalancha» inmigrante que perjudica a los españoles, criticó al gobierno socialista por haber hecho una regularización masiva y propuso una dura política que iba desde prohibir estas regularizaciones por ley hasta firmar un contrato de integración.
Corbacho dijo el sábado que el fenómeno migratorio «no se puede criminalizar porque es un hecho positivo para la economía española», aunque deberá hacer frente al desempleo creciente que afecta a españoles y extranjeros, sobre todo en el sector de la construcción.