¿A qué se debe esa ingrata actitud? ¿Acaso por que no presionan para nada a donde corresponde? ¿La mentalidad social dista mucho de favorecerlos? Quienes manejan las partidas presupuestarias de ingreso y egreso del Estado no cumplen con ajustar las mismas al costo de vida y en particular a as alzas de la canasta básica.

Es una irresponsabilidad que comparten los organismos Ejecutivo y Legislativo. Para los jubilados estatales se cierran las puertas, mientras que en las alturas existe derroche. A manos llenas se gastan rubros como publicidad, sueldos de lujo, dietas; tampoco falta dinero abundante para actividades suntuarias, gastos de representación y varias, etcéteras.

Que la injusticia y falta de equidad se cierne sobre el sector de jubilados, es una realidad. Tantas promesas de tomarlos en cuenta de parte de los presidenciables, sólo en eso queda. Además, en la búsqueda de una curul también candidatos a diputados hicieron lo mismo, y al final todo se va por la tangente.

Este respetable grupo poblacional pasa las penas del purgatorio para medio salir avante con sus compromisos hogareños. Pese al constante estiramiento obligado, ya la chamarra no tiene donde más. Sin embargo, su estatus se ven en trapos de cucaracha a cada rato del dí­a y del mes.

Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde que las fuera concedido un mí­nimo incremento. Es decir, sucesivos gobiernos de turno han prestado oí­dos sordos a su caso, como es del dominio público. Se cae en el absurdo y en la injusticia social en una agresiva e interminable dimensión.

Es propicio señalar, ajeno a escamoteo en relación al tema que existen dos clases de jubilados estatales. Personas que optaron por este derecho hace tiempo, reciben menos que los que optaron después. Cuestión de tiempo servido, monto de sus sueldos en promedio de los últimos años y demás cuestiones al respecto.

Se corrobora con tal proceder, de nuevo, cómo hasta en eso quedan marcadas las diferencias individuales. Pero conste sí­, proviene del trato que brindan las autoridades a tí­tulo de injusticia. Tampoco propugnan los afectados se tomen medidas con tabla rasa y las rebajen a los más beneficiados en su prestación social.

Empero una revisión oportuna permitirí­a darse perfecta cuenta que hay casos donde la jubilación presenta una situación rayana en el calificativo de mí­sera. Y conste que no son dos o tres casos, por cierto conforman repito, un número considerable de connacionales abrumados hasta las cachas.

Así­ las cosas, sale a luz el contrasentido en la práctica con el artí­culo 1o. de la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala, capí­tulo único, relativo a la protección a la persona. Donde tácitamente prescribe que «El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, en aras de la realización del bien común».

Para la memoria colectiva facilitarle los medios de vida a este apreciable segmento es algo de imperiosa necesidad. Máxime atinente a quienes son de edad avanzada. Aún están en condiciones de tener un ingreso adicional para equilibrar el presupuesto hogareño. Pero les cierran las puertas, a piedra y lodo.