Loyda Rodríguez Morales sintió que alguien jalaba a su hijita de dos años cuando estaba por entrar en su humilde vivienda con sus tres niños detrás. Volteó y vio cómo una mujer le arrebataba a la pequeña y subía a un taxi. Después de casi cinco años de búsqueda, de pegar carteles, de acudir infructuosamente a orfanatos e incluso de ponerse en huelga de hambre, Rodríguez acaba de obtener una orden sin precedente de la justicia guatemalteca que declaró que la niña había sido robada y ordenó a la pareja estadounidense que al final la adoptó que la devuelva.
GUATEMALA / Agencia AP
Si las autoridades estadounidenses intervienen para devolver a la niña, ahora de seis años, tal como lo dispone la justicia guatemalteca, sentaría precedente para cualquier caso internacional de adopción, dicen los expertos.
Un aviso escrito en una cartulina pegado en la puerta de donde vive la niña en un suburbio de Kansas City dice: «Por favor respeten la privacidad de nuestra familia durante esta etapa difícil y confusa. Les pedimos que no entren sin autorización en nuestra propiedad por el bien de nuestros hijos. Gracias».
El Departamento de Estado remitió todas las preguntas sobre el fallo al Departamento de Justicia, que no quiso comentar sobre el caso.
Rodríguez, de 26 años, lloró cuando se hizo pública en la semana la decisión de la justicia guatemalteca del 29 de julio. Ya está pensando cómo decorar el dormitorio de su hijita.
«Quiero que tenga muchas decoraciones. Voy a comprar muñecas y ropa para que no le falte nada», dijo a The Associated Press. «Si quiere dormir sola, tendrá su habitación. Si no, puede estar con sus hermanos».
Las autoridades estadounidenses podrían tratar de ignorar la orden, dijo David Smolin, profesor de derecho en la Escuela de Derecho Cumberland en Birmingham, Alabama, y experto en adopciones internacionales.
Chuck Johnson, presidente y director general del Consejo Nacional de Adopción, en Virginia, dijo que nunca ha escuchado que Estados Unidos respete una orden judicial extranjera de devolver niños adoptados a sus países natales.
Pero la principal promotora del caso en Guatemala dijo que el gobierno de Estados Unidos está obligado, según los tratados internacionales, a devolver a las víctimas de tráfico humano o de adopciones irregulares ocurridas en un período de cinco años.
La niña salió del país el 9 de diciembre del 2008, según los registros judiciales.
«Estamos dentro del margen de tiempo», afirmó Norma Cruz, directora de la Fundación de Sobrevivientes, un grupo defensor de los derechos humanos que presentó el caso de Rodríguez ante la justicia. «No tenemos que contactar a la familia (adoptiva). La orden del juez dice que las autoridades deben hallar a la niña, dondequiera que esté».
La fundación no sostiene que la pareja estadounidense sabía que la niña que habían adoptado fuese secuestrada, sino que sólo afirma que la pequeña fue arrebatada por una banda de tráfico de niños y puesta en adopción con un nuevo nombre. La pareja es identificada en el registro judicial como Timothy James Monahan y Jennifer Lyn Vanhorn Monahan de Liberty, Misurí.
El proceso expeditivo de adopciones en Guatemala hizo de esta nación centroamericana de 13 millones de habitantes una fuente favorita para el suministro de niños adoptivos a Estados Unidos, alternándose con China como la mayor procedencia de adopciones, con unas 4.000 por año.
Pero el gobierno guatemalteco suspendió las adopciones a fines del 2007 después que se sucedieron casos generalizados de fraude, incluso documentaciones falsas, certificados de nacimiento falsificados y denuncias de robos de bebés, aunque de todos modos permitieron continuar los casos de adopción que ya estaban en curso.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una agencia creada por las Naciones Unidas para combatir la delincuencia en ese país, ha revisado más de 3.000 adopciones completadas o en curso y halló casi un centenar de irregularidades graves.
Estados Unidos todavía no permite adopciones de Guatemala, aunque el Departamento de Estado asiste a 397 niños cuyas adopciones estaban en proceso en el momento de la prohibición.
El fallo de la jueza Angélica Noemí Tellez Hernández canceló el pasaporte de la niña y ordenó su retorno en dos meses, al tiempo que pidió ayuda a la embajada de Estados Unidos en Guatemala para localizar a la pequeña. El tribunal dice que emitirá una orden a la Interpol si no es devuelta.
Smolin dijo que es el primer caso que conoce de que un magistrado extranjero ordene a una familia estadounidense a devolver un niño adoptado a su país de origen. El adoptó dos niños de la India y más adelante descubrió que habían sido robados, una situación que resolvió permitiendo a los padres visitas regulares.
Anyeli Liseth Hernández Rodríguez nació el 1 de octubre del 2004 como segunda hija de Rodríguez, ama de casa, y su marido Dayner Orlando Rodríguez, albañil. Los dos llegaron de adolescentes a la capital de Guatemala en busca de trabajo. La niña desapareció el 3 de noviembre del 2006, cuando la mujer abría la puerta de su casa en un suburbio de clase trabajadora, San Miguel Petapa.
Denunciaron el robo de su hija a varias agencias locales y federales, incluso las autoridades a cargo de violaciones a los derechos humanos y niños desaparecidos, según documentos de la comisión de la ONU.
Rodríguez dijo que buscó durante más de un año y que reiteradamente le negaron permiso judicial para inspeccionar los locales donde había niños esperando adopción.
Conoció a Cruz y la Fundación de Sobrevivientes por medio de una empleada judicial en enero del 2008, y ambas mujeres efectuaron una huelga de hambre cuando les siguieron negando acceso a los registros oficiales de adopción, dijo Rodríguez. Una vez que les dieron acceso, les tomó casi un año hallar una foto que se pareciera a su hija en el Consejo Nacional de Adopciones. Rodríguez y su hermano inspeccionaron los registros durante cuatro días seguidos en marzo del 2009.
«Sentí que mi corazón estaba por estallar. Sabía que era ella», dijo al identificarla.
Rodríguez se sometió a un examen de ADN que confirmó que es la madre, dijo la comisión. Pero la niña ya estaba en Estados Unidos, según los registros judiciales.
La identidad de Anyeli había sido cambiada a principios del 2007 por Felicita Antonia López García, una mujer que dijo ser su madre y que cambió el nombre de la niña a Karen Abigail y la ofreció en adopción, siempre de acuerdo con los registros.
López entregó la niña a una agencia de adopción, Spring Association, varios meses después de que no aprobó un examen de ácido desoxirribonucleico, según la comisión. La agencia hizo que declararan abandonada a la niña y la pusieron en adopción en el 2008.
El procurador general de Guatemala aprobó la adopción en julio de ese año, pese a que había recibido un informe sobre una persona desaparecida con fotografías de la niña en febrero, según la comisión sobre corrupción.
En diciembre de ese año, la pequeña salió del país con los Monahan, y su pasaporte guatemalteco la identificaba como Karen Abigail Monahan Vanhorn, con fecha de nacimiento el 14 de enero del 2005.
Los fiscales de la comisión anticorrupción utilizaron el caso para entablar cargos contra abogados e intermediarios de la Spring Association por presunto tráfico humano, adopción ilegal y documentación falsa. Los acusados incluyen el abogado que notarizó la adopción, según el caso judicial.
La casa en la dirección de los Monahan es espaciosa. Días atrás, una mujer atendió un llamado a la puerta y dijo a un reportero de la AP que no podía hablar porque estaba al teléfono. Nadie respondió las llamadas siguientes hasta que apareció el cartel en la puerta el viernes.
Rodríguez dijo que sólo quiere que le devuelvan a su hija.
«Ellos cometieron un error al llevarse a mi bebé», afirmó. «Quizás no sabían que fuese robada».
Buscan información
La pareja estadounidense implicada en una disputa internacional de adopción dijo que busca información sobre el pasado de la menor guatemalteca a la que recibieron como hija.
Un juez en Guatemala ordenó a Timothy y Jennifer Monahan que devuelvan a la niña a la madre biológica, en medio de aseveraciones de que la menor fue secuestrada en 2006 y ofrecida en adopción.
La Fundación Sobrevivientes, un grupo defensor de los derechos humanos que representa a la madre biológica, no rechaza la aseveración de los Monahan de que desconocían que hubo un secuestro.
Los Monahan han rehusado hacer declaraciones sobre el particular, pero una firma de relaciones públicas en Washington, D.C., que representa a la pareja, dijo que ésta «continuará pugnando por la seguridad y lo que más convenga a la niña, de seis años.
La firma dijo que los Monahan desean proteger a su hija de cualquier trauma nuevo.