Una denuncia penal fue presentada ayer por el diputado Noé Orellana en contra del ex titular de la Dirección General de Transporte, Mario Sánchez, por haber extendido licencias y permisos temporales, de forma ilegal. El parlamentario presentó las pruebas en donde consta que el ex funcionario cobraba hasta 20 mil quetzales por documento.
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El mismo día que Orellana dejó al descubierto los actos de corrupción en la Dirección General de Transporte, el ministro de Comunicaciones, Luis Alejos, destituyó a Sánchez, quien evadió hablar con la prensa. Junto a Sánchez fueron destituidos tres asesores. Ahora el parlamentario continuará la persecución penal contra el ex jefe de la DGT.
Simultáneamente, Orellana, quien es presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso, se reunió con la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros que solicitó al Congreso una reforma al Reglamento de Transporte, para que establezca medidas más drásticas contra autobuses piratas.
«Se debe redactar una nueva ley de transporte, porque la actual es obsoleta. Además, hay que modificar su reglamento, para que las autoridades tengan herramientas reales a fin de evitar que circulen buses ilegales, que son los que causan accidentes», aseguró í“scar Albizúrez, presidente de esa gremial.
Confiscar las unidades que transiten en esas condiciones y capturar a sus pilotos fueron dos de las sugerencias para aquel fin. Además, los agremiados advirtieron que el incremento en el valor del pasaje debe hacerse efectivo por dos y tres quetzales, dependiendo del recorrido, pues los precios del diésel han alcanzado el costo de la gasolina regular y superior.