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En el Artí­culo 12 del mismo Capí­tulo II, se define el «Consejo Nacional de Educación» así­: «Es un órgano multisectorial educativo encargado de conocer, analizar y aprobar conjuntamente con el Despacho Ministerial, las principales polí­ticas, estrategias y acciones de la administración educativa, tendientes a mantener y mejorar los avances que en materia de educación se hubiesen logrado».

En primer lugar, el Consejo Nacional de Educación no serí­a subordinado a los despachos ministeriales, sino serí­a al revés. El Ministro y sus Viceministros, con sus equipos, serí­an los ejecutores de las decisiones tomadas en dicho consejo. La función del consejo serí­a netamente técnica, sin influencias polí­tico-partidistas, religiosas y el logro de sus metas tendrí­a que ser lo que rigiera la acción educativa del Ministerio de Educación a nivel nacional.

Si hoy dí­a no hay lineamientos futurí­sticos a seguir, no es extraño que el desarrollo de la acción educativa en Guatemala se realice «sin norte». Como muestra un botón: el reglamento vigente de la Ley de Educación es el Acuerdo Gubernativo M. de E. 13-77, o sea 31 años atrasado, en vez de estar 31 años adelantado.

Sí­, un grupo de notables educadores reunidos en consejo actuarí­a como una súper junta directiva, que darí­a los lineamientos a seguir en materia educativa a nivel nacional. Mas, al llegar un nuevo Presidente de la República, las polí­ticas, estrategias, visión, misión y acciones a tomar que ese consejo decida, tendrí­an que ser respetadas por él. El Ministerio de Educación no podrí­a politiquearse ni ser fuente de empleos para personas del partido en el poder.

El Ministerio de Educación no podrí­a desviar el uso del dinero asignado, conforme a los acuerdos de paz, en rubros diferentes a lo estipulado por dicho consejo. El Consejo tendrí­a autonomí­a de acción y su existencia no podrí­a ser cancelada por un «plumazo del señor presidente».

Los miembros del consejo serí­an propuestos por una comisión de alto nivel, que, mediante convocatoria, recibirí­a los expedientes de quienes quisieran formar ese consejo, harí­an una selección de los mejores profesionales que reunieran una serie de requisitos en cuanto a honestidad, calidad de preparación académica, experiencia y conocimiento de la realidad educativa y del paí­s en general, y voluntad de trabajar por Guatemala.

Seleccionados los mejores, presentarí­an al Presidente una nómina de candidatos, entre los cuales este y su equipo de gobierno escogerí­an los 32, quienes formarí­an parte del consejo.

Sólo por renuncia, muerte o por comprobársele algún hecho ilegal, se podrí­a cambiar a los miembros del Consejo Nacional de Educación, precisamente para asegurar la estabilidad de dicho cuerpo en la realización de su plan a largo plazo.

El Consejo Nacional de Educación contarí­a con un cuerpo de connotados maestros en cada departamento de la república, para realizar consultas y así­ mantenerse al dí­a con la realidad del paí­s y no solamente con la de la capital. Para que la totalidad del territorio nacional tenga fijadas sus prioridades a corto, mediano y largo plazo.

La educación es la base de la sociedad, vale entonces la pena que un grupo de gente honesta, pensante, educadores nobles, constituidos en un consejo, visualicen un futuro mejor en materia educativa, fijen metas y presenten cómo efectuar, en los próximos 25 años, un proceso educativo que debe darse de acuerdo con cada realidad cambiante, sin olvidar lo perdurable para alcanzar las metas propuestas.

Tenemos que darle a cada guatemalteco la oportunidad de tener acceso a una educación excelente y cumplir las demandas de necesidades de una sociedad tan rica y tan compleja como la de Guatemala en el siglo XXI.

Guatemala merece saber a dónde va y cómo llegar a las metas a largo plazo en el campo educativo, por eso ¡ES URGENTE! la formación del Consejo Nacional de Educación, con educadores notables.