Y no me refiero al embajador norteamericano, precisamente (que es muy normal), sino a cualquiera de sus más cercanos colaboradores, de manera que es común observar en los diarios, fotografí­as de diplomáticos de Estados Unidos estrechando la mano o fundiéndose en un abrazo cordial con el presidente del Congreso o los miembros de algunas de las tantas comisiones legislativas.

Vienen al caso las anteriores anotaciones, a propósito de la información divulgada el pasado martes por Prensa Libre, acerca de la presencia en el seno del parlamento unicameral del señor Alistair Cooke, director de Asuntos Antinarcóticos de la embajada de Estados Unidos acreditada en Guatemala, cuya noticia es ilustrada con la fotografí­a en la que aparece ese diplomático saludando cordialmente al diputado Eduardo Meyer, presidente de la junta directiva del Congreso, quien esboza satisfactoria sonrisa.

Pues bien, el señor Cooke llegó al recinto legislativo para «urgir» (según advierte la información de la reportera Ana Lucí­a Blas) a los diputados guatemaltecos que a la brevedad del caso aprueben el proyecto de ley que regule y agilice las extradiciones de supuestos delincuentes apresados en Guatemala y que son buscados por la justicia norteamericana, especialmente aquellos que son acusados de estar implicados en el narcotráfico y el lavado de dinero.

Por supuesto que es lí­cita la gestión del señor Cooke, pero me asalta la duda si el diputado Meyer, después de haberle explicado a su distinguido visitante la fase en que se encuentra el proceso de aprobación de la iniciativa de ley en cuestión, aprovechó la ocasión para preguntarle sobre los avances que ha alcanzado el Gobierno norteamericano en su lucha contra el consumo de drogas en su propio paí­s.

Presumo que ningún guatemalteco que es fiel cumplidor de nuestras leyes, sobre todo en materia referida a la narcoactividad, se opone a los esfuerzos que realiza o se presume que efectúan los órganos de seguridad del Estado, en contra de los narcotraficantes, por razones sumamente obvias; pero también muchos compatriotas están convencidos de que esta difí­cil tarea no compete sólo al Gobierno de Guatemala, en el sentido de evitar que nuestro paí­s continúe siendo puente importante para el trasiego de drogas, sino que debe ser un objetivo fundamental de Estados Unidos, pero no sólo proporcionando modesta colaboración en esa desigual lucha contra los narcotraficantes.

Me refiero concretamente a las medidas puntuales que el gobierno de esa nación está adoptando en lo que atañe al consumo de drogas entre la población norteamericana, porque, de acuerdo con la muy conocida ley del mercado, a mayor consumo mayor demanda, y sabido es que Estados Unidos es el paí­s mayor consumidor de drogas, afectando, especialmente, a un elevado porcentaje de su juventud.

Ciertamente, en resguardo de sus intereses, a Washington le asiste la razón de presionar a los paí­ses productores de drogas y a los que sirven de ominosos puentes, para que adopten decisiones firmes en la guerra contra los narcotraficantes, pero Estados Unidos también tiene la obligación de endurecer sus leyes contra el consumo de drogas, porque, de lo contrario, se incrementará la actividad del narcotráfico hacia un mercado tan atrayente como el norteamericano.

Pero me imagino que el diputado Meyer no abordó ese tema en su conversación con el diplomático Cooke, tan interesado en extraditar a los narcotraficantes que guardan prisión en cárceles guatemaltecas, como tampoco lo han hecho otras autoridades de Guatemala, siempre sumisas para aceptar los dictados de la nación del norte, pero sin demandar reciprocidad en sus relaciones bilaterales.

(En una comisarí­a norteamericana y de pie ante las fotografí­as de los 10 delincuentes más buscados de Estados Unidos, entre los cuales 4 peligrosos narcotraficantes, el niño Romualdito Bush pregunta: -¿Por qué no los capturaron cuando les tomaron las fotos?).