Personalmente la figura del licenciado Gordillo me parece irrelevante y no es alrededor de su personalidad que debe armarse un debate sino respecto al tema de la institucionalidad que debe observar como punto de partida nuestro frágil estado de derecho. Creo que sí­ existen razones para promover la destitución del funcionario y tiene que procederse de esa forma, pero lo que he cuestionado es la tendencia a que cada cuatro años se violente el orden legal promoviendo la separación caprichosa del cargo de aquellos funcionarios que fueron nombrados para un perí­odo determinado por el gobierno que entrega y por ese simple hecho tienen los dí­as contados.

Si el legislador hubiera querido que los funcionarios fueran gente del partido de gobierno, no hubieran emitido leyes en las que obligan a perí­odos que se extienden más allá del mandato especí­fico del Presidente de la República. Cabalmente la intención tiene que haber sido la de permitir mayores niveles de independencia, aunque está visto que con tal de quedarse en el chance, todos se ponen de alfombra sin que prevalezcan compromisos con quienes ya no tienen poder. La realidad de la especie humana es así­ y una vez muerto el rey, todos los que pueden sacar provecho gritan entusiasmados vivas al nuevo rey.

Yo entiendo que el Procurador General de la Nación tendrí­a que haber velado, en su momento, por el respeto a la ley cuando hubo presiones en contra de funcionarios para que renunciaran, pero todos se han hecho los locos porque no quieren meterse a problemas que tarde o temprano les puedan pasar una factura. Estoy seguro que si al licenciado Gordillo lo llama Colom para darle instrucciones, hubiera acatado sin chistar todas las recibidas porque tengo la impresión que más que el imperio de la ley y la función concreta de ser el asesor jurí­dico del Estado, al titular de la PGN le interesa el hueso.

Pero también sostengo que el gobierno tiene que dar el ejemplo de sometimiento a la ley y que si un funcionario está nombrado para un perí­odo especí­fico tiene que observarse de manera puntual el texto y el sentido de la legislación. Esa misma ley, sin embargo, establece de manera muy genérica que no puede procederse a su remoción «salvo causa justificada» y entiendo que es lo que ahora hace el gobierno, es decir, encontrar la causa justificada que en el caso de un funcionario como el Procurador General de la Nación y como cualquier funcionario en nuestro paí­s, no es difí­cil encontrar porque todas las instituciones incumplen los plazos y términos de ley para realizar sus funciones.

Bastarí­a encontrar los expedientes tramitados en la oficina del Procurador General de la Nación y ver los que no se han resuelto dentro del plazo de ley para justificar la destitución de éste y de cualquier otro funcionario porque si algo es sistemático en el paí­s es que los plazos no los respeta nadie, empezando por los mismos tribunales de justicia hasta llegar a las oficinas administrativas. De suerte que motivos para mandar a su casa al licenciado Gordillo siempre se pueden encontrar y como él, todo funcionario o empleado público estará sujeto a remoción con causa justificada porque el Estado se caracteriza por no cumplir sus deberes.