La falta de carnes, verduras y lácteos en los negocios minoristas recrudecía hoy en Argentina, donde consumidores denunciaron fuertes aumentos de precios, mientras que las exportaciones de cereales están semiparalizadas, al cumplirse el decimonoveno día de una huelga agraria contra la política fiscal.
«El 95% de las carnicerías del país ya no tienen carne», afirmó el presidente de la cámara minorista del sector, Alberto Williams, mientras desde la asociación de Consumidores Libres denunciaron aumentos de precios, que en algunos productos llegan a 150%.
Las ventas externas de 2,2 millones de toneladas de granos, aceites y harinas oleaginosas derivadas de la soja y el girasol están paralizadas, dijo Alberto Rodríguez, director del Centro de Exportadores de Cereales.
Argentina es el primer exportador mundial de aceites y harinas de oleaginosas y el tercero de soja.
Sin embargo, un par de barcos lograban este lunes vencer el bloqueo y embarcar cereales, aunque 11 terminales portuarias de Rosario están inactivas.
Las cámaras que nuclean a los supermercados y a los autoservicios chinos advirtieron que no tienen más cortes de carne para ofrecer en las góndolas y que es grave la escasez de verdura, e incluso la que llega es de mala calidad.
Los directores de los hospitales públicos San Juan Bautista y el Hospital de Niños Eva Perón, ambos en la provincia de Catamarca (noroeste), señalaron que entre este lunes y el martes terminará el stock de carne que disponen para alimentar a los pacientes internados.
La masiva huelga del campo provocó una semiparalización de las exportaciones en el puerto de Rosario (310 km al norte de Buenos Aires), el polo cerealero más importante del país, indicó una fuente de la Bolsa de Comercio.
En Rosario no se registra el ingreso de ningún camión cargado desde hace seis días, pero pudieron verificarse algunos embarques en el puerto.
El Gobierno y el campo están embarcados en una puja por la suculenta renta de la soja, cuya cosecha está calculada en unos 24 mil millones de dólares este año.
El valor de la cosecha de soja equivale a poco menos de la mitad del total de las exportaciones y el doble de lo que paga el país por los servicios de la deuda.
El Gobierno envió este lunes a personal de Gendarmería (policía de fronteras) para liberar estratégicas rutas del centro-este del país, la zona de mayor producción de soja, donde se encuentran apostados huelguistas para impedir el paso de camiones con mercaderías agropecuarias.
«Los camiones van a pasar, y si no pasan comenzaremos a hacer todas las detenciones que fueran necesarias», advirtió el ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
Pero una asamblea de productores anunció que intentará mantener el piquete de la ruta del Mercosur, por donde circulan las mercancías entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y donde se encuentra uno de los focos más duros de la protesta agraria.
La huelga del campo estalló el 13 de marzo luego de que el gobierno anunciara un esquema de impuestos flotantes a las ventas agrícolas externas que variarán en función de los precios internacionales de la soja, el girasol, el trigo y el maíz.
El tributo móvil, que para el caso de la soja este lunes estaba estimado en un 40%, fue considerado confiscatorio por los agricultores.
La dirigencia rural exigió su derogación por al menos 90 días para sentarse a negociar con el gobierno, que resiste dar marcha atrás con la medida y ofreció una compensación financiera a los pequeños productores.
El conflicto derivó en la primera crisis política que atraviesa la presidenta Cristina Kirchner, quien soportó la semana pasada ruidosas protestas de opositores y «cacerolazos» (caceroleos) en Buenos Aires y otras ciudades del país.