El 8 de abril de 1968 el Gobierno presidido por el licenciado Julio César Méndez Montenegro se otorgó, gratuitamente, a Exmibal concesión por 40 años, para explotar níquel en las riberas del Lago de Izabal, y, además, se le exoneró por diez años del pago del impuesto de la renta.
Sin embargo, la Exmibal, encubierta por otras empresas transnacionales, ya había iniciado gestiones para operar en Guatemala. En abril de 1955, o sea al siguiente año del derrocamiento del presidente Arbenz, fue emitido el Decreto 272, Código de Minería, redactado de acuerdo con las compañías mineras estadounidenses para facilitar la explotación de esos recursos naturales n renovables, en condiciones favorabilisímas para dichas empresas. En julio de 1957 la Hanna Coal and Ore Corporation, (Corporación dedicada a extracción de carbón y minerales) obtiene concesión para explotar níquel, pero también cobalto, hierro, asbesto y chromita, en Izabal. En enero, de 1958, el gobierno provisorio de Flores Avendaño, le concede por 40 años autorización para operar en Alta Verapaz. En junio de 1960 Ydígoras Fuentes, otorga una licencia más a Hanna , el Izabal. En ese mismo mes Hanna se asocia con Internacional Níckel Co (INCO) y ambas manejan a Exmibal cuyos estatutos son aprobados en agosto del mismo año, 1960.
En marzo de 1963 el Banco de Guatemala presionado por Exmibal y el Gobierno, se presta a garantizar un préstamo millonario que Exmibal gestiona en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El economista Valentín Solórzano, asesor del Banguat, se opone, porque las condiciones de la concesión son onerosas para Guatemala, tanto más que en Cuba se había nacionalizado la actividad minera y los Estados Unidos, ya no podrían explotar el níquel de la Isla y, por consiguiente Exmibal debería pagar regalías móviles, entre 40 y 50% de las utilidades netas.. El asesor jurídico del Ministerio de Economía, licenciado Gabriel Mazariegos se solidariza con Solórzano.
En abril de 1965 durante la administración de facto, del coronel Enrique Peralta Azurdia, se emite el Decreto Ley 342, nuevo Código de Minería, confeccionado ex profeso, para servir a los intereses de Exmibal, que obtuvo concesión por 40 años, en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, estando en suspenso la Constitución de 1956 y disuelto el Congreso de la Republica. Y, como ya se dijo, el Gobierno de Julio Cesar Méndez Montenegro, el 8 de abril de 1966 le otorgó concesión, para aprovechar las aguas del Lago de Izabal, para enfriamiento de una planta generadora y el trasiego de carga de la mina por medio de embarcaciones.
Es conveniente aclarar que los gobiernos habían mantenido en reserva todas esas granjerías a Exmibal y los ciudadanos y ciudadanas las ignoraban; pero, quien estas líneas escribe tuvo oportunidad de tener acceso a documentación fidedigna que informaba de esas anomalías y las denunció, por medio de los diarios La Hora e Impacto, gracias a la buena disposición de sus respectivos directores, Lic. Clemente Marroquín Rojas y Oscar Marroquín. Esto fue en el mes de marzo de 1969.
Inmediatamente las autoridades, el profesorado y los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac, cuyo Decano era el licenciado. Rafael Piedrasanta Arandi iniciaron una enérgica repulsa de esas concesiones, la que fue secundada por casi todas las Facultades de la Usac y de amplios sectores de la población, tanto de profesionales, intelectuales y artistas, como de trabajadores de la ciudad y del campo. En el Congreso de la República, el doctor. Adolfo Mijangos encabezaba la lucha; en el Colegio de Abogados, el licenciado Julio Camey Herrera y, por la Prensa, yo. No hay que olvidar que durante el gobierno militar de Carlos Arana Osorio prevalecía el terrorismo de Estado y los Escuadrones de la Muerte, al servicio del Ejército y de la Exmibal, decidieron ultimar a quienes habían asumido la responsabilidad de ponerle fin a esas concesiones, iniciando su plan de exterminio con el asesinato del licenciado. Julio Camey Herrera, en seguida con la ejecución extrajudicial, en mi persona, pero milagrosamente me salvé, después de cinco meses de hospitalización y, a continuación., la cobarde matanza del doctor Adolfo Mijangos, pese a su incapacidad física que le mantenía en silla de ruedas…El licenciado Rafael Piedrasanta Arandi, sorteando peligrosa persecución logró tomar medidas de seguridad y no fue ultimado, para bien de su familia, de la Universidad y de Guatemala.
A pesar de todas las prebendas de que disfrutaba Exmibal, un día de tantos, sin dar ni una explicación, abandonó el país, según se supo, porque los gastos de guerra del gobierno estadounidense habían mermado. Todas sus propiedades fueron custodiadas por el Ejército de Guatemala, hasta que de nuevo con la invasión militar y guerra en Irak, otra vez la industria de guerra en E.U.A, crea demanda de níquel y Exmibal volvió al país, aunque con otro nombre, y después de haber sido cómplice del terrorismo de Estado convertido a El Estor en un paraje desértico, omitido pago legítimo de impuestos y despojado de sus tierras a campesinos izabaleños, quienes todavía exigen la reparación de esa usurpación, demanda justa que en vez de ser atendida por el Estado, a los desposeídos se les trata como «invasores», como «bandidos», como «secuestradores» y como «terroristas».
Los guatemaltecos debemos saber qué decisión va a tomar el gobierno de la UNE, ¿prorrogará el plazo de concesión? Y de hacerlo, ¿en qué condiciones?. Aunque lo correcto y en bien del país y de la preservación de nuestros recursos naturales no renovables y de la protección del medio ambiente y no contaminación tóxica de los recursos hídricos, lo que debe hacerse es decirle: «good bye» a Exmibal.
? Fuente: Rafael Piedrasanta Arandi, Exmibal contra Guatemala, segunda edición IIES, 1979.