Por mucho que sea el malestar que cause entre los guatemaltecos el descaro de funcionarios como los magistrados salientes del Tribunal Supremo Electoral al reclamar y recibir indemnización cuando simplemente terminaron el período para el que fueron electos, puedo apostar que todos y cada uno de ellos se embolsarán tranquila y cínicamente el dinero tal y como han hecho sus antecesores y magistrados de otros tribunales y cortes en el pasado y seguirán haciendo en el futuro.
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Un amigo me decía que si se hacía suficiente presión pública, él apostaba a que no se indemnizaría a los magistrados del TSE que recién entregaron sus cargos en medio de una fuerte polémica por el papel que jugaron al administrar el proceso de elecciones último en lo que a gastos se refiere. Yo le dije que aun y si se hacía la mayor presión pública posible, recibirían su dinero porque desafortunadamente todo el sistema está hecho para avalar el abuso y la arbitrariedad. Tanto así que al final de cuentas quienes terminan con la última palabra al respecto son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y todos ellos están ya preparados para recibir esa prebenda inmoral sin que les remuerda para nada la conciencia ni les provoque el menor rubor. Como dicen algunos, la vergí¼enza pasa, pero el pisto queda.
Ya hubo hasta una ley para prohibir que funcionarios electos o nombrados para período determinado pudieran recibir indemnización y la misma fue anulada por la bendita Corte de Constitucionalidad. El hecho de que los ponentes de la ley hayan sido los diputados del FRG y que haya sido aprobada por la aplanadora de ese partido cuando hizo gobierno, posiblemente hizo que se pusiera poco interés en el asunto y que no se destacara como merecía porque la satanización de ese partido por su tendencia evidente a la corrupción hizo que se anulara el efecto público de la ley emitida para evitar el abuso de quienes se autorrecetan la indemnización.
Si uno pretende que la Contraloría de Cuentas repare el pago de indemnización, hay que pretender que el Contralor mismo sea el primero en renunciar por ese hecho a recibir el beneficio cuando tenga que retirarse del cargo una vez fenecido el mandato que recibió al ser electo por el Congreso de la República. Por lo tanto no se puede esperar que esa dependencia se eche el trompo al uña. Tampoco lo hará el Ministerio Público tipificando como delito la apropiación indebida de fondos públicos porque el Fiscal General también hizo cuentas ya con el beneficio económico de la indemnización.
Y en ese contexto, más que en cualquier otro, es obvio que todos se tapan con la misma chamarra y por lo tanto aunque los ciudadanos protestemos y nos indignemos, con harta y justa razón, de todos modos ellos van a continuar con la práctica de embolsarse varios cientos de miles de quetzales cada vez que llega a su fin un período de los que establece la Constitución de la República.
Hay cínicos que hasta han llegado al colmo de defender públicamente ese beneficio escudándose en que puede ser que lo merezcan funcionarios que hicieron carrera, como algunos en el Organismo Judicial que empezaron de comisarios en un juzgado y llegaron a magistrados de la Corte Suprema tras años de ejercicio. Pero los advenedizos, los electos por cuello político y que no hicieron carrera judicial, no tienen derecho a ese beneficio. Pero vivimos en el mundo dominado por la ley del más fuerte, del más descarado, del más cínico. El que tiene más saliva traga más pinol y por eso, doble contra sencillo, que los más pícaros siempre saldrán ganando.