El relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, concluyó su visita de cinco días en el país, en la que constató la situación de los nacionales que salen hacia el extranjero en busca de mejorar sus condiciones económicas.
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El relator de origen mexicano comentó que próximamente estará entregando un informe detallado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde se evaluarán los resultados de la investigación.
Durante su visita se reunió con autoridades de gobierno, entre ellos el presidente ílvaro Colom; defensores de derechos humanos de los pueblos migrantes y conoció a guatemaltecos con intención de emigrar.
Bustamante dijo que en el mundo existen cerca de 200 millones de personas que se movilizan de sus países de origen por distintos motivos, principalmente por razones económicas y políticas.
Señaló que todos los gobiernos tienen el soberano derecho de decidir qué personas pueden ingresar a su país e imponer medidas de control en sus fronteras para tal efecto, sin embargo, reconoció que siempre se deben respetar los derechos humanos fundamentales de las personas.
El delegado internacional indicó que los migrantes regulares e indocumentados deben ser respetados por igual, incluso en la forma de su nombramiento, ya que a quienes se encuentran en situación irregular se les impone el término peyorativo de «ilegales».
Temen por deportaciones
Mauro Verzeletti, secretario adjunto de la pastoral de Movilidad Humana, comentó que las condiciones de los derechos humanos deben ser atendidas en primera instancia por los países de origen de los migrantes.
«El gobierno de Guatemala y los de la región tienen que adecuar las leyes migratorias en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de los Migrantes Trabajadores y sus Familiares, la cual fue ratificada en el país desde el 2003», puntualizó.
Verzeletti indicó que existe preocupación en las organizaciones de migrantes guatemaltecos que radican en Estados Unidos, el principal destino de los nacionales, ya que temen porque se incrementen las deportaciones.
Según comentó el representante de la pastoral, las organizaciones chapinas que radican en la Unión Americana creen que el Departamento de Estado de ese país tiene por objetivo duplicar las deportaciones hasta conseguir expulsar a 40 mil connacionales en este año.