Antes de la Semana Santa Siglo Veintiuno publicó: «Logran consenso para reformar el Código Laboral», atribuyéndole la idea de crear un nuevo código al ministro í‰dgar Rodríguez, quien, según la noticia, al referirse a esta importante norma jurídica que proviene de la Revolución de Octubre de 1944, expresó: «El código no está obsoleto, está muerto».
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Cuesta pensar, aceptar que un gobierno socialdemócrata pueda tener, si es que es cierto, un ministro que envíe un mensaje tan negativo, especialmente cuando en el mundo y en Guatemala se cierne una depresión económica y con ello una reducción en el número de plazas de trabajo.
Entre las posibles modificaciones se señala «la eliminación de la Comisión Paritaria para definir los salarios mínimos». El argumento que dice el artículo que utilizó el Ministro es: «No han logrado consensos en los últimos 17 años». Cómo puede haber consenso cuando la oferta patronal de ajuste al salario mínimo ha sido «cero», es como que si el gobierno interviniera en los precios de la canasta básica y de los demás productos del mercado nacional y durante 17 años los mantuviera fijos o congelados.
Pretender pensar que la atribución de definir los salarios mínimos puede pasar a las municipalidades es una salvajada, implica que 332 comunas fijarían 332 salarios mínimos y conociendo la heterogénea integración política de las corporaciones municipales, ya veo a la familia Rivera, en Mixco, o al señor Medrano, en Chinautla, manipulando el tema.
Otra de las modificaciones indicadas es la posible creación de salarios vinculados a la productividad, sueño que ni siquiera í“scar Berger se atrevió a hacer una realidad, nadie duda que existan algunos empleadores que por su poca sensibilidad social les encantaría que existiera en nuestro país semejante norma, la cual no existe en ningún país desarrollado por muy liberal y partidario de la globalización que éste sea. Prueba de ello es que en todos los estados de la unión norteamericana los salarios mínimos existen y son diez veces más altos que en Guatemala. Si en el gobierno del que fui parte un Ministro de Trabajo hubiera propuesto semejantes desatinos, seguramente al día siguiente se hubiera encontrado destituido.
El trabajo es tan sensitivo e importante que la Constitución Política lo tutela y regula extensamente, cualquier retroceso como los que se proponen, sin duda alguna, sería impugnado constitucionalmente.
El Presidente, el Vicepresidente de la República están obligados política y socialmente a ver este tema. Estoy seguro que si Manuel Colom Argueta, Alberto Fuentes Morh y todos los líderes que hoy no están presentes pudieran expresarse, lo harían de una forma tan fuerte, tan contundente que las autoridades encabezadas por el Ministro de Trabajo no soportarían 24 horas la crítica y su censura.
Las federaciones sindicales, los sindicatos del sector público y privado deben aclarar si es cierto, como lo publica Siglo Veintiuno, que ellos han llegado a un consenso de reemplazar en su totalidad el actual Código de Trabajo, si aceptan lo señalado en relación a los salarios mínimos, porque una cosa es modernizar y hacer expedita la justicia laboral y otra es caminar como el cangrejo. En todo caso, la pica está en Flandes.