En mi condición de emigrante guatemalteco en Estados Unidos, agradezco la oportunidad que me brinda La Hora para emitir opinión sobre temas de interés para Guatemala. A lo largo de los últimos cuatro años, la población guatemalteca en Estados Unidos ha venido observando que en nuestro país se nos ve, principalmente, como enviadores de remesas, al punto que se nos dio el apelativo de héroes nacionales por sostener la economía del país. Se ignora, sin embargo, el hecho de que somos parte de la sociedad civil guatemalteca y que tenemos necesidades e intereses que requieren la atención de nuestra sociedad y nuestro Estado. En este sentido, pasamos invisibles.
Para comenzar, es importante que nuestro poder económico, representado por los 4,200 millones de dólares enviados durante 2007, tenga su equivalencia en lo político. Es inconcebible que Guatemala sea de los pocos países de la región latinoamericana que sigue sin habilitar el voto de sus ciudadanos en el extranjero, aparte de que ello constituye una flagrante violación de nuestros derechos humanos y constitucionales. Así, muchos guatemaltecos en el exterior, encabezados por la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala, manifestamos por escrito al presidente ílvaro Colom en su primer día de gobierno: «Esta exigencia la presentamos desde el primer día del ejercicio de los cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que, de manera contraria a lo ocurrido en el período anterior, no se utilice la falta de tiempo como excusa para encubrir la falta de voluntad política de habilitar el voto y la representación de cerca del 15% de la población nacional que se encuentra en el extranjero».
También es de interés para la población guatemalteca en el extranjero la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) que el Congreso aprobó a finales de 2007. Entendemos que la Ley fue aprobada en el marco del proceso electoral, por lo que no fue estudiada con el rigor y la profundidad necesarios; peor aun, no hubo consulta con las organizaciones de la población emigrante de Guatemala. Por ello, en mi opinión, debe ser reformada antes de su implementación. De hecho, como su propio ponente reconoce, no puede implementarse a menos que se reforme.
Hay diversas modificaciones que son urgentes; pero la falla fundamental es de concepto. En el Consejo Nacional, como organismo ejecutivo y coordinador, no hay presencia de los emigrantes, como tampoco existe representación de la sociedad civil. Ambos, emigrantes y sociedad civil quedan relegados a un Consejo Asesor, en una mezcla de participantes que solamente garantiza su falta de funcionalidad. Por ello, con firmeza propongo que la Comisión de Migración del Congreso y el pleno del mismo, en consulta con las organizaciones de emigrantes procedan a la reforma inmediata de la Ley de Conamigua y garanticen que en el Consejo Nacional los emigrantes tengamos nuestro propio representante, con voz y voto. Solamente así empezaremos a salir de la invisibilidad.
* Secretario de Relaciones con Guatemala de la RPDG, Profesor de Long Island University y ex Rector en funciones y ex Decano de la Facultad de Ingeniería de la USAC