Dos acciones legales interpuestas ayer por Willy Zapata, ex director de la Superintendencia de Bancos (SIB), impidieron que la audiencia de su primera declaración como implicado en la estafa de Banco de Comercio (BC) se realizara esta mañana.
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La defensa de Zapata presentó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, un recurso de reposición para levantar el arraigo que pesa en su contra; y dos excepciones u obstáculos a la persecución penal en contra de las acciones iniciadas por los afectados: prejudicialidad y falta de acción civil y penal, fueron las acciones.
En el juzgado
En el caso de la reposición para levantar el arraigo, el juez Jorge Mario Valenzuela no entró a conocer debido a que la ley establece que quien dictó el arraigo tiene que conocer la reposición. Guillermo Melgar, vocero del Organismo Judicial, refirió que en ese caso el juzgado le notificó al Ministerio Público (MP) «para que mantenga, o no, el arraigo».
Los argumentos presentados en la prejudicialidad fueron que los hechos por los que Zapata es sindicado, consisten en una falta administrativa y no de carácter penal, por lo que tiene que conocerse en esa vía.
La falta de acción penal y civil va en contra del accionar de los querellantes adhesivos, y aduce que los certificados de custodia que poseen los afectados del BC no sirven de base para el ejercicio de las acciones penales en su contra.
Rechazo rotundo
Más de un centenar de afectados del BC se hicieron presentes a la Torre de Tribunales, a donde Zapata había sido citado para declarar en torno al caso, y manifestaron el absoluto descontento y rechazo a que el caso del ex Superintendente sea conocido por la vía civil.
Francisco Maldonado, uno de los querellantes dentro del proceso, refirió que las acciones legales no son fundamentadas con los certificados de custodia sino con el informe emitido por los abogados de la SIB que ordenaron a Zapata interponer una denuncia en el MP.
«El ex superintendente es economista y no abogado, por lo que no puede resolver no presentar una denuncia en contra de Organizadora de Comercio como ordenaron juristas de la SIB», manifestó Maldonado.
Resolución
El juez segundo penal, contralor en dicho caso, abrió los incidentes y dictaminó que fueran conocidos de forma paralela por lo que corrió audiencia por dos días a las partes para que se pronuncien al respecto, posteriormente tiene un plazo de ocho días para emitir una resolución final sobre las acciones de Zapata.
Roberto Vallecillos, representante legal de los afectados, refirió que las acciones de la defensa podrían retrasar el proceso por al menos seis meses. Se intentó obtener la versión de la fiscal Patricia Lainfiesta, pero no contestó las llamadas telefónicas.