Estados Unidos registra esta semana el récord de seis meses sin ejecuciones, una marca inigualada desde 1982, aunque puede no significar más que un espejismo que dure hasta que se reglamenten los métodos para aplicar la pena de muerte.
El 25 de septiembre a las 20:23 hora local un médico de Texas constató el deceso de Michael Richard, de 48 años y condenado a muerte por la violación y asesinato de una mujer de 20 años, tras ser ejecutado con una inyección mortal, método utilizado por la casi totalidad de los estados de este país.
Algunas horas más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos, interpelada por dos condenados de Kentucky (centro-este), había anunciado su intención de examinar la legalidad de este método, sin que ello signifique volver a discutir el principio de la pena capital.
Todas las ejecuciones previstas después han sido postergadas. El contador de las ejecuciones para 2007 se congeló en 42, el guarismo más bajo desde hace 13 años, y el del 2008 todavía no comenzó. Según el centro de información sobre la pena de muerte («Death Penalty Information Center – DPIC»), solo una ejecución, calificada «probable», está actualmente prevista para julio en Louisiana (sur).
La Corte Suprema deberá pronunciarse a fines de junio sobre la legalidad de la inyección mortal, un método que consiste en la administración de tres productos: el primero adormece al condenado, el segundo paraliza sus músculos y el tercero detiene su corazón. Pero si la anestesia es mal administrada, el condenado puede sufrir horriblemente.
La audiencia sobre el asunto comenzó en enero, los jueces de la Corte parecían divididos, algunos hasta evocaron devolver el expediente a jurisdicciones de menor rango para un examen más profundo de las alternativas, una eventualidad que podría prolongar un poco más el procedimiento.
Pero cualquiera sea la decisión sobre el protocolo vigente en Kentucky, la Corte debería fijar los criterios según los cuales las jurisdicciones locales pueden evaluar a la de los otros Estados.
Algunas validaciones podrían llevar años… y otras ocurrir con mucha rapidez. En los Estados del sur como Texas, Oklahoma o Alabama deberían recomenzar las ejecuciones en pocos meses, estiman los expertos.
«Es irónico pero el efecto de esta moratoria implica que una vez que termine habrá una cascada de ejecuciones», explicó Robert Blecker, profesor en la New York Law School y a favor de la pena de muerte.
Algunos fiscales deben defender su puesto ante los electores en noviembre, y si escogen retardar los fallos «podría muy bien tener allí algo como un baño de sangre», sostiene Isabel Semel, profesora de derecho en la universidad de Berkeley, que defendió a numerosos condenados.
Pero «no hubo una sola ejecución desde hace 6 meses, y el mundo no se derrumbó», agregó Semel, que cuenta con este argumento para acentuar la tendencia a la baja que se registra desde hace varios años.
Luego de alcanzar un pico de 98 en 1999, las ejecuciones descendieron a 53 en 2006. Paralelamente, las condenas a muerte pasaron de 317 en 1996 a 110 en 2007. Y en diciembre, Nueva Jersey se convirtió en el primer estado en abolir la pena capital en 40 años.
Sin embargo, según los sondeos, dos tercios de los estadounidenses permanecen con una opinión favorable a la pena capital. Y según el DPIC, quedan más de 3.260 detenidos en los corredores de la muerte en Estados Unidos.
Una Corte de Apelaciones federal estadounidense anuló hoy la condena a muerte de Mumia Abu-Jamal, figura emblemática de la lucha internacional contra la pena capital, aunque confirmó su culpabilidad en el asesinato de un policía en 1982.
Por dos votos contra uno, la Corte de Apelaciones de Filadelfia rechazó la demanda de Mumia Abu-Jamal, un ex periodista radial y militante de las «black panthers», hoy de 53 años, que clama su inocencia y pide un nuevo proceso.
La decisión de la corte significa que la acusación debe presentarse nuevamente ante un jurado para obtener una condena a muerte; de lo contrario, la pena será automáticamente conmutada en prisión perpetua.
Los jueces estimaron en efecto que en el proceso de 1982 las instrucciones dadas a los jueces pudieron hacerles creer que debían pronunciarse por unanimidad sobre circunstancias atenuantes que podían evitarle al condenado la pena capital, cuando el proceso es menos restrictivo.