Como ciudadano que tengo muchos años de ejercer mi derecho a la libre emisión del pensamiento, no puedo callar mi opinión sobre el magnífico planteamiento que hace poco hizo Mario Antonio Sandoval en su columna «Catalejo» en Prensa Libre, sobre la ilegalidad en que incurren el ingeniero ílvaro Colom y su esposa Sandra Julieta Torres Casanova de Colom. El primero, por haber cometido los delitos de estafa y de corrupción de electores, tal como lo describen los artículos 263 y 407 «C» del Código Penal, porque durante la campaña electoral recién pasada y mediante ardides y engaños promocionales, publicitarios y discursos en tarimas y plataformas indujo a error para votar por él y no por otro de los varios candidatos que se postularon y a ella, por ejercer la Presidencia de la República de Guatemala de manera inconstitucional, de facto e ilegalmente, delitos tipificados en el artículo 381 del Código Penal, al usurpar funciones, calidades y atribuciones que no le competen al no haber sido electa para dicho cargo.
Lo he venido diciendo, las leyes del país han estado siendo trapos sucios en manos de funcionarios, empleados y de la ciudadanía en general, lo que nos ha estado llevando a la anarquía y debacle. Lo visto en el presidente Colom y su señora esposa; con el vicepresidente Espada, encubriendo y omitiendo su denuncia por las infracciones cometidas que le constan; por ministros y secretarios de Estado, por funcionarios de menor jerarquía y tantos más debe ser castigado por cuanto debieran ser garantía del cumplimiento de la ley y no lo contrario. Es por ello que apoyo el bravo y decidido deber de comunicar sus apreciaciones del columnista Mario Antonio Sandoval, actitud que debiera ser respaldada por la mayoría de ciudadanos hasta evitar que cualquiera viole la ley como lo más natural del mundo, haciendo proliferar la impunidad.
De ese mal ejemplo se han contagiado el resto de organismos del Estado. Lo mismo sucede con el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación, instituciones que se han vuelto imitadores de la ilegalidad imperante, dejando de ser instituciones auxiliares de la administración pública y de los tribunales para velar por el cumplimiento de las leyes del país y en especial la segunda, para que ejerza sus funciones fiscalizadoras en todo aquel que maneje fondos públicos. ¿Cómo va a ser posible que el actual Contralor declare tranquilamente a Siglo Veintiuno (edición del 20 de marzo de 2008) «se ha degenerado la ejecución de obras a través de terceros», sin proceder tal y como se lo indica la Constitución de la República, permitiendo con ello que se sigan cometiendo reiteradamente tantos delitos por el mal manejo de fondos públicos?
Ya basta, la ciudadanía no puede seguir callada otorgando con ello la impunidad de la que tanto nos vivimos quejando. No podemos seguir de brazos cruzados permitiendo que así como el policía apaña el cometimiento de faltas y delitos con la acostumbrada «mordida», los más encumbrados puedan pisotear las leyes, la probidad exigible, dictar bochornosas sentencias absolutorias o transgredir cualquier ley que les impida hacer lo que se les da la gana. ¡Hay que poner un hasta aquí!