Dr. Vinicio González
Sociólogo e investigador de la DIFI/Usac
Durante los últimos ocho años la percepción de la población nacional ha mantenido la opinión de que los tres principales problemas que afectan a la ciudadanía guatemalteca son: 1) la inseguridad ciudadana, representada por la vivencia y el impacto mediático de los hechos de criminalidad y de violencia delincuencial; 2) los problemas económicos, reflejados en el alto costo de la vida, los bajos salarios y las situaciones de corrupción en todos los sectores; y 3) el desempleo, percibido de manera encubierta por los altos niveles de subempleo visible e invisible y por el incremento progresivo de la economía informal.
Aun cuando los problemas económicos y de desempleo poseen un estatuto propio que sugiere su análisis por separado, el espectro de la inseguridad ciudadana y la criminalidad no solamente preocupa a la mayor parte de la población, sino que el estado crónico de esta situación engloba a las demás preocupaciones, asociándolas como virtuales causas estructurales y efectos coyunturales de la primera.
Frente a esta situación los gobiernos de las últimas administraciones del Estado han respondido básicamente con programas reactivos de combate a la delincuencia -de menor a mayor prioridad- en los ámbitos del narcotráfico, crimen organizado, delincuencia común y pandillas juveniles delincuenciales.
Los métodos que han empleado se centran en el aumento y mejor capacitación y equipamiento de efectivos policiales, incorporación sistemática de fuerzas militares en patrullajes conjuntos y en la identificación y focalización de zonas de mayor peligrosidad.
Las fuerzas de seguridad se lamentan de no disponer de leyes más expeditas para capturar, consignar y encarcelar a los delincuentes aun a costa de restringir sus derechos individuales, dadas las dificultades probatorias y el poco adiestramiento en materia de investigación criminológica.
De esa cuenta, los resultados de las operaciones policiales han sido muy pobres, con el posible agravante de haber tenido que recurrir a la tolerancia -si no a la participación de algunos de sus miembros- de actividades paralelas de «limpieza social», con los efectos negativos sobre la preeminencia de los derechos humanos y la legitimidad y credibilidad del régimen democrático y sus instituciones dentro de un estado de derecho.
En materia de seguridad, el Plan de los Cien Días presentado por la nueva administración del presidente Colom no presenta novedades ni estrategias distintas a las puestas en marcha durante la administración Berger. Situación que no deja de ser políticamente lamentable dado el ofrecimiento preelectoral de la UNE subrayando la afirmación de que la seguridad se atendería con inteligencia, sin deducir este concepto al ámbito técnico de la información y el análisis, sino aludiendo de esa manera a la acción lega y eficaz, reactiva y preventiva del Estado, fundada en la racionalidad científica de la causalidad social de la violencia delincuencial, en contraposición a las aberrantes, ineficaces y onerosas políticas de «mano dura».
A pesar de las buenas intenciones que contienen las políticas y las acciones en materia de seguridad, subsumidas dentro de un programa de gobernabilidad, el Plan de los Cien Días (sólo faltan 30) repite la disposición de tomar control de las zonas rojas, fortalecer la Digici, planificar estratégicamente la acción de las fuerzas de seguridad para retomar el control territorial y evitar los trasiegos, e iniciar la depuración de la PNC.
Asimismo, planifica fortalecer financieramente el MP y el Organismo Judicial, organizar a las comunidades para la autodefensa civil y establecer una plataforma y logística de pacto social en seguridad, con diversos actores. Tales disposiciones inmediatas de «cursos de acción» adolecen de la visión integradora que podría asignarles la creación de un sistema de seguridad, cuya inexistencia no garantiza el control, la evaluación, ni la coordinación institucional de las acciones.