Conforme nos vamos acercando a la fecha de la elección general se intensifica el ritmo de la campaña y es obligado que uno se haga la pregunta fundamental para esbozar el rumbo de la que será la próxima administración, y la misma es desentrañar quién será el funcionario encargado de pagarles a los financistas de campaña y de velar por sus intereses en las mismas entrañas de la Presidencia de la República.

Ya he comentado que antiguamente los financistas adquirí­an derecho de picaporte y se aseguraban acceso al Presidente cuando habí­a alguna oportunidad de negocio, pero desde hace varios perí­odos ya no se andan con chiquitas y colocan en la misma Casa Presidencial, en alguna de las dependencias más cercanas al Mandatario, a su operador que se encarga de velar porque en todos y cada uno de los negocios del Estado se tome en cuenta a los que apostaron por el partido polí­tico que gana las elecciones. Las opciones pueden ir desde un Gerente de la Presidencia, figura que se ha dado en un par de gobiernos, hasta la de Secretario Privado del Mandatario. En cualquier caso lo importante es que ese individuo tenga la cercaní­a suficiente para que cuando llame a un Ministro para darle instrucciones de cómo y con quién hacer un negocio, no quepa la menor duda.

Dado nuestro modelo polí­tico, el gobernante del paí­s es un mandatario de los financistas de campaña y trabaja para que ellos puedan recuperar, con las debidas creces, la inversión que hicieron durante todos los meses de proselitismo electoral. El elector, el ciudadano que ejerce su derecho al sufragio y que formalmente es el mandante de esos mandatarios, importa en realidad muy poco y se le toma en cuenta sólo en la medida en que pueda servir para apuntalar un proyecto polí­tico o para mantener los niveles de popularidad del Presidente y su partido, pero justamente por ello es que los grandes problemas del paí­s no son nunca enfrentados con determinación porque el objetivo final del ejercicio del poder es la utilización de los recursos públicos en un reparto que se hacen entre los funcionarios y los contratistas.

Hay ministerios que se consideran clave y en los que no se mueve la hoja del árbol sin que haya visto bueno del operador de los financistas sentado junto al Presidente de la República. Comunicaciones, Finanzas, Salud y Energí­a y Minas constituyen algo así­ como la joya de la corona porque los negocios públicos más lucrativos pasan necesariamente por allí­. Sin olvidar, por ejemplo, a Gobernación donde hay compras tan jugosas como las de los vehí­culos que se usan para seguridad, las armas y las municiones, no digamos el Ejército donde por tradición se mantiene el criterio de que los gastos militares son secreto de Estado, lo que permite que se hagan literalmente micos y pericos.

He estado escuchando en programas de radio que se pregunta a los candidatos quiénes serán sus ministros y que digan nombres de su equipo de trabajo. La verdad es que el nombre más importante es el del poder tras el trono, es decir algo así­ como decir el de Gustavo Alejos del futuro gobierno porque es por allí­ por donde pasa todo, donde se deciden las cuestiones más importantes. Y es tal la dimensión del poder de estos operadores que el mismo Presidente no llega a tener control de todo lo que hacen y por eso se aplica aquello de que quien parte y reparte se queda con la mejor parte porque no hay forma en que se pueda delimitar el poder de ese súper operador de las decisiones que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos.