¿Quién se atreve a promover la abolición de la pena de muerte?


Quienes reiteraron su posición abolicionista de la pena de muerte, tienen hoy la oportunidad de plantear al pleno una iniciativa de ley para derogar la pena que ha demostrado no tener ningún efecto disuasivo.

El polémico veto al Decreto 06-2008 que facultaba, de nuevo, al Jefe del Ejecutivo a perdonar la vida a un reo condenado a la pena de muerte, fue conocido por el Pleno del Congreso de la República, y aunque la oposición, encabezada por el Partido Patriota (PP) luchó porque el mismo fuera rechazado, el expediente fue traslado a la comisión de Gobernación para su estudio y posterior dictamen.


En la ví­spera se planteó la posibilidad que el veto fuera remitido a la Corte de Constitucionalidad (CC), de conformidad a lo establecido en el artí­culo 272, inciso h) de la Constitución Polí­tica, que señala esa ruta, cuando un decreto es vetado, aduciendo inconstitucionalidades, como este caso, que según el presidente Colom viola los preceptos constitucionales, relativos al derecho a la vida y a la irretroactividad de la Ley.

Fueron los diputados del PP, encabezados por Roxana Baldetti, Anabella De León, Gudy Rivera, acuerpados por sus colegas de la Gana y Unionistas, quienes reiteraron su decisión de rechazar el veto, mientras que la bancada oficial de la UNE con el apoyo del FRG dispusieron que el expediente del veto fuera analizado por la comisión de Gobernación que dispone de un plazo de 60 dí­as para sugerir al pleno la suerte del decreto de marras.

Los patriotas cuestionaron severamente la decisión presidencial. Las diputadas Baldetti y De León dijeron que el mandatario era débil de carácter y que no tení­a pantalones. Pablo Duarte, del bloque unionista, subrayó que definitivamente el presidente Colom no quiere aplicar la pena de muerte y auguró más linchamientos y ejecuciones extrajudiciales, porque el Ejecutivo no se atreve a respetar la Ley.

Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, cuestionó la ambivalencia de este gobierno, que hoy dice una cosa y mañana hace otra. Ella como el diputado Efraí­n Rí­os Montt, del FRG, comparten el criterio que no le corresponde al Ejecutivo conmutar la pena capital, sino a un ente colegiado.

Ciento cinco votos, difí­cil conseguir

La suerte del decreto parece estar echada, porque no existen los 105 votos que se requiere para rechazar el veto, empezando con la desarticulada bancada oficial que parece haber perdido el norte. Manuel Barquí­n, de la Gana leyó ayer en el Pleno el discurso del jefe de bancada de UNE, Mario Taracena, cuando el Congreso con 140 votos reactivó el indulto presidencial.

Según el diario de sesiones, Taracena dijo, el 12 de febrero, que los guatemaltecos «hoy podrí­an dormir tranquilos, porque con el restablecimiento del indulto presidencial, la pena de muerte podrá ser aplicada», cuya posición fijada entonces, fue contrastada con la decisión de la bancada de UNE de dar marcha atrás al aceptar las instrucciones del Ejecutivo.

Desgaste innecesario

Quienes apostaban a que Colom tomarí­a esta decisión, aguardaban que el gobernante fuera más audaz y promoviera con convicción, congruente con su ideologí­a socialdemócrata, la abolición de la pena de muerte que la misma Constitución Polí­tica faculta al Congreso, sin embargo, dejó las cosas como estaban con un desgaste innecesario, cuya responsabilidad le debe en gran medida a sus copartidarios del bloque oficial.

¿Quién se atreve?

Habrá que ver si los bloques pequeños, como Encuentro por Guatemala, URNG, que votaron en contra de la reactivación del indulto presidencial, se atreven a plantear al Pleno la abolición de la pena de muerte, haciendo uso de su iniciativa de ley, porque bastarí­a la mayorí­a simple para derogar la pena capital, pero ver para creer, ya que priva el criterio que es impolí­tico, impopular, promover un proyecto de ley con ese fin.