El gobierno del presidente í“scar Berger no sólo nombró al licenciado Mario Gordillo como Procurador General de la Nación, sino que sentó el funesto precedente de pasarse por el arco del triunfo la Constitución de la República en cuanto a la vigencia de los períodos contemplados en la Carta Magna para el ejercicio de ciertas funciones, mismos que no pueden reducirse salvo por causa justificada debidamente comprobada. Berger destituyó, con el beneplácito de la población y especialmente de la prensa, a los funcionarios nombrados con apego a la ley por el gobierno eferregista y ahora vemos que la historia está por repetirse.
El presidente Colom envió mensaje al Procurador General de la Nación pidiéndole que renuncie para nombrar a alguien de su confianza. La Constitución establece un período específico, que no coincide con el del Presidente, lo que implica que en el espíritu de los legisladores no privó la idea de que el titular de esa Procuraduría fuera afín políticamente al mandatario de turno. La reacción del licenciado Gordillo es correcta, como fue en su tiempo la del licenciado Luis Rosales al tratar de buscar amparo legal ante la arbitraria decisión de Berger, aunque la Corte de Constitucionalidad al final le revocó ese amparo y permitió su destitución.
En absoluto puede pensarse que se trata de funcionarios inamovibles, porque la misma Constitución dice que pueden ser destituidos si hay causa justificada que se pueda probar plenamente. El Presidente dijo ayer que él ve un potencial conflicto de intereses porque la esposa del Procurador fue electa por el Congreso, Magistrada del Tribunal Supremo Electoral, pero en ninguna ley se señala inhabilitación por ese motivo y, en todo caso, si la hubiera tendría que afectar a la esposa porque su mandato es posterior. Dijo además el ingeniero Colom que no ve eficiencia en la PGN y mencionó específicamente el tema de las adopciones. Pero esa es una valoración subjetiva que no constituye la causa justificada que la Constitución señala como causal para el despido.
El precedente que sentó Berger cuando se despachó tranquilamente y con el aplauso público, a todo funcionario que oliera al gobierno anterior, es grave para la institucionalidad del país porque fue una demagógica violación de las normas constitucionales. Demagógica porque se hizo buscando el aplauso y reconocimiento de un público preparado convenientemente por los medios de comunicación. Hoy en día tenemos que demandar al Gobierno revertir ese mal ejemplo y observar la ley. Por mucho que Gordillo esté en su puesto como colofón de las arbitrariedades de Berger, ello no justifica su destitución que debe fundamentarse en ley.