Como caso insólito, Guadalupe Chipix Cuxil fue retenido por una turba de 500 pobladores, no para lincharlo sino para apresarlo y evitar que continuara disparando dos fusiles Galil e incautarle una cantidad de municiones 5.56 que portaba en San José Poaquil, Chimaltenango. Unidades de la PNC procedieron a la detención y fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Durante los últimos dí­as la policí­a detuvo a varias personas con armas de asalto y hechizas en su poder, que según las informaciones, la delincuencia utiliza contra la población en las calles y dentro de autobuses urbanos y extraurbanos. El último caso ocurrió en la colonia 4 de Febrero, donde tras la búsqueda de un cabecilla de delincuentes el Ministerio Público decomisó una ametralladora Mini Uzi.

El vocero del Ejército, Daniel Domí­nguez indicó en comunicado electrónico que Chipix Cuchil se encuentra de baja desde el 31 de octubre de 2007, del comando aéreo central, La Aurora. Cuando lo detuvieron tení­a en su poder los fusiles Galil, tipo SAR calibre 5.56 mm que fueron remitidos al Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam) por parte de las autoridades correspondientes.

Historia de los fusiles

«El dí­a 23 de noviembre de 2007 la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) informó por el conducto respectivo, sobre la sustracción de dos armas Galil de tipo SAR. Los fusiles en mención fueron tomados del interior del almacén de la Compañí­a de Policí­a Militar. El 26 de noviembre de 2007 se presentó la denuncia al Ministerio Público, por parte del comandante del Comando Aéreo Central, poniendo a disposición del órgano jurisdiccional (Fiscalí­a Militar) a los sargentos segundos Juan José Maldonado Pu (guardalmacén) y Edgar Giovanni Sánchez Pérez (tropa regular), sindicados por el delito de «hurto militar». El sargento segundo Edgar Giovanni Sánchez Pérez recobró su libertad, por falta de mérito, el 13 de diciembre de 2007, a solicitud del tribunal militar, quien le otorgó la libertad. El sargento segundo Juan José Maldonado Pu se encuentra actualmente en el preventivo de la zona 18″, detalla el comunicado.

A esa cartera le corresponde investigar el caso y dicho armamento es de uso exclusivo del Ejército de Guatemala. Quienes utilicen armas ofensivas, M16 o ARK15, por ejemplo, no están autorizados para portarlas. Podrí­an ser armas robadas por grupos de delincuencia común u otra organización, pero los extremos son supuestos, indicó el funcionario militar.

Lo incautado a Chipix Cuchil ayer fue: Dos fusiles Galil SAR con números de registro: 105412 y 105416; 35 cartuchos 5.56 mm; dos tolvas para 35 y 50 cartuchos; 4 cantimploras y un par de botas militares color verde.

Es negocio atractivo

Mario Polanco enfatizó que el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) ha investigado sobre la circulación de armas. La incautación de estos fusiles Galil es sólo una muestra de los seis millones de armas de fuego que circulan en el paí­s, la mayorí­a en manos anónimas.

«En el Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam) sólo existe registro de 75 mil licencias expedidas, lo cual no representa ni el uno por ciento de la millonaria cantidad mencionada», resaltó Polanco.

«Creemos que la portación legal e ilegal de armas de fuego se debe a los altos niveles de corrupción que han existido durante los gobiernos de turno. Cabe recordar que la temida banda Agosto Negro, responsable en el pasado de varios secuestros y asesinatos extrajudiciales en el paí­s, tení­a licencia para portar armas», expuso.

Hipotéticamente, el GAM cree que los militares y otros grupos paralelos trafican con armas, lo cual se traduce en un negocio millonario para muchas personas. Las venden al mejor postor. Existen vicios en la Ley de Armas que fija lí­mites absurdos al catalogar las armas largas como pequeñas cuando son ofensivas, insistió.

Mario Polanco apuntó que el paí­s necesita medidas jurí­dicas más radicales. Es factible que los traficantes de armas aumenten su actividad si las autoridades no aplican castigos más severos a los responsables.

Es preciso que se legisle a conciencia, cuando alguna persona adquiera armas, debiera ser indispensable que se le exija un examen psicológico. Hoy cualquiera tiene acceso a las armas de fuego ofensivas, porque las leyes y quienes las aplican no funcionan. Cuando una persona es capturada con armamento de largo alcance, sólo se le puede enmarcar dentro del crimen organizado, concluyó, Polanco.