Todos admitimos la absoluta validez de esa sentencia popular que define de forma muy peculiar lo que jurídicamente llamamos el derecho de petición, porque significa ni más ni menos que sólo se da al que pide. Pero en el caso de Guatemala se rebasa cualquier consideración y se puede decir que el que no toma medidas de hecho no obtiene ningún resultado y de esa cuenta vemos que lo mismo los pilotos del transporte colectivo que los maestros, pasando por toda forma de organización, sienten que si no hacen presión sus peticiones permanecen invisibles para las autoridades.
ocmarroq@lahora.com.gt
En honor a la verdad, hay que decir que siendo tantos y tan graves todos los problemas que hay en el país, las autoridades sólo ponen atención en serio a aquellos que les significan y representan problemas por las medidas de hecho que adoptan los afectados por alguna disposición oficial o por las muchas omisiones de nuestro cada vez menos eficiente Estado. Y es que debemos reconocer que si alguien se mantiene en el curso de lo normal, ejerciendo su derecho de petición mediante memoriales y escritos presentados como corresponde a las diferentes dependencias, puede sentarse a esperar resultados porque por lo general el silencio administrativo es lo único que se produce y de esa cuenta sus reclamos simplemente van a parar a alguna atiborrada gaveta.
El problema es que ello termina generando esa condición de caos y anarquía que caracteriza nuestra vida nacional, porque todo el mundo trata de hacer valer sus derechos, reales o supuestos, sobre la base de ejercer presión, de poner a las autoridades contra la pared. Los pilotos de buses paralizan el tránsito para exigir, con justa razón, que se atiendan sus reclamos de seguridad porque sienten que no hay suficiente respuesta de las autoridades y éstas reaccionan frente a la presión, mostrándose por algunos días en el sector más afectado y donde se produjo la protesta, lo que permite a los pilotos un pequeño respiro de tranquilidad que se va desvaneciendo conforme los agentes hacen más esporádica su presencia.
Si son los vendedores de la Central de Mayoreo, su cansancio tras reiteradas peticiones de audiencia para plantear sus problemas a las altas autoridades del municipio los llevan a mostrarse interrumpiendo el servicio del Transmetro. Y los maestros marchan para mostrar su solidaridad con su líder, el polémico Joviel Acevedo.
Las comunidades que expresaron conforme a los cánones en consulta popular su oposición a temas como la minería, no encontraron ningún eco a su acción legítima y legal, y sienten que si no manifiestan públicamente y haciendo presión, nadie tomará en cuenta sus puntos de vista.
Y así podemos seguir hasta llegar a las acciones que pasan de ser simples medidas de hecho que afectan el derecho de los demás ciudadanos, para convertirse en verdaderas acciones constitutivas de delito, como puede ser el secuestro de personas para exigir un canje con alguien que está sujeto a proceso penal.
Las autoridades tendrán que revertir la tendencia atendiendo en forma eficiente las peticiones de la población, lo cual no quiere decir que se acepte cualquier cosa que se pida, pero sí mostrando el interés necesario para que la gente sienta que no hace falta recurrir a medidas de hecho para hacerse notar. Hoy en día, no basta con llorar si alguien quiere mamar, puesto que hace falta pegar de gritos, literalmente patalear y hacer toda clase de bulla, si quiere que alguien en el Gobierno ponga atención a una queja. Para quien simplemente ejerce su derecho de petición, la eterna respuesta es como la del anuncio: «No hay».