Nadie puede negar que en Guatemala existen abundantes focos de conflictividad por el tema agrario, especialmente en lo relacionado con la tenencia de la tierra. La legitimidad de la posesión de la tierra es algo que debiera establecerse judicialmente en los casos en que hay controversia, pero resulta que en nuestro país el sistema judicial no funciona ni para castigar a los peores criminales, mucho menos para dirimir diferencias entre terratenientes y campesinos.
Nadie, creemos nosotros, puede decir que la justicia no funciona para juzgar criminales pero que sí es eficiente para determinar la legítima propiedad de tierra cuando hay disputa entre grupos campesinos y terratenientes. Haría falta ser verdaderamente cínico para sostener que esa vilipendiada justicia, que es señalada por todo mundo como uno de los peores fiascos de la institucionalidad en Guatemala, es deficiente sólo cuando se trata de aplicar la ley a los delincuentes, pero que es muy eficiente, proba y honrada cuando tiene que valorar pruebas para decidir quién es dueño legítimo de qué.
El problema, entonces, es mucho más grave de lo que puede parecer en la superficie, puesto que ante la certeza de que tenemos altos niveles de conflictividad por la tenencia de la tierra, uno pensaría que todo debe dejarse en manos de los tribunales para que sean éstos los que, conforme a derecho, resuelvan las diferencias. Pero cuando uno sabe que tenemos una justicia prostituida, que se vende al mejor postor históricamente, tenemos que reconocer cuál es la realidad y enfocar el problema en su conjunto y sin esa visión simplista y errónea de querer confiar, para este problema en particular sí, en una justicia que reconocemos como inexistente en términos generales.
Precisamente porque durante años ha existido ese comportamiento venal de los tribunales de justicia para resolver conflictos en el agro, es que hace falta una instancia de mediación que promueva soluciones reales a un problema que no podemos seguir ocultando ni queriendo tapar con un dedo. En las condiciones actuales es imposible determinar si una invasión es realmente eso o si es la reivindicación de derechos legítimos que fueron usurpados con la complacencia del sistema.
Cabalmente por esa falta de certeza jurídica, producto de la prostitución de la justicia y de la impunidad existente, es que insistimos en que hay que retomar el tema de la reforma del Estado como esencial para el futuro del país porque está demostrado que ni la pacífica convivencia es posible si seguimos queriendo edificar la Nación sobre el pilar de la justicia vendida y de la impunidad.