Lo que en apariencia eran declaraciones aventuradas que habí­an tenido como protagonista al Vicepresidente de la República, se ha evidenciado como un problema de comunicación entre los colaboradores más í­ntimos de la Presidencia.

Las contradicciones en declaraciones oficiales se han sembrado en las últimas semanas alcanzando al vocero presidencial Fernando Barillas, quien en una de sus intervenciones involucró a organizaciones empresariales, motivo que generó a su vez una disculpa de la Presidencia al Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras (CACIF).

Con anterioridad habí­a sido el vicepresidente Rafael Espada quien el pasado 17 de enero afirmó que se encontraban prontos a enviar una propuesta de ley al Congreso de la República en la cual se propondrí­a un incremento al gravamen del licor y tabaco.

Esta fue la primera página corregida en el tema de comunicación del Gobierno. El mandatario ílvaro Colom inmediatamente negó la veracidad de tales declaraciones, sosteniendo que la intención, aunque habí­a sido discutida, no llegarí­a al Legislativo hasta que no se finalizará la negociación de un pacto colectivo, apagando así­ la voz del vicegobernante.

La experiencia en la que algunas declaraciones oficiales han cobrado revuelo y llegado a ser tema de discusión en los medios de opinión, no se han detenido, y argumentos tales como «El reto para el paí­s son las fuerzas opositoras estructurales del mundo económico. Tenemos unos segmentos de economí­a tremendamente fuertes pero muy dominantes y que controlan la prensa, el desarrollo, la estructura polí­tica del paí­s,» declaración de Espada al diario cubano Juventud Rebelde.

Según el analista polí­tico Gustavo Berganza, las declaraciones giradas por el Vicepresidente no son más que un «entusiasmo desbordante que busca ser canalizado dentro de los lí­mites que permite la administración pública».

Posturas que responden a iniciativas individuales del funcionario, las cuales reflejan únicamente la visión particular del vicemandatario, quien de buena voluntad y con escasa experiencia polí­tica ha caí­do en momentos de contradicción, como la que ofreció el 28 de febrero pasado, momento en el que dijo que el ejército deberí­a incrementarse a uno 30 mil efectivos

Lo anterior hizo salir al paso a Colom, quien sostuvo que su administración no busca un incremento en los efectivos del Ejército, «todo fue una mala interpretación», afirmó el mandatario, quien desmintió la noticia.

Para el analista polí­tico ílvaro Pop lo que se ha suscitado en el tema de comunicación se debe a una descoordinación del equipo de trabajo más í­ntimo en torno al Presidente de la República, por lo que hace necesario que a lo interno se definan posiciones al respecto.

Según el politólogo, cuando se dan este tipo de contradicciones a lo interno del Gobierno, la población empieza a ver desorden y descoordinación, de lo cual se deben cuidar las nuevas autoridades. No obstante, Pop sostiene que este tipo de hechos han afectado a los últimos gobiernos que han asumido.

Ronaldo Robles, secretario de comunicación social de la Presidencia, sostuvo esta semana que no existen problemas en el tema comunicacional, aunque reconoció que cuando ciertas declaraciones oficiales tienen que ser corregidas por su inexactitud se crea un desgaste a la imagen del Gobierno.

Según el funcionario se realizan trabajos para lograr unidireccionalidad de la información que se ofrezca a los medios, todo con el fin que casos como los citados con anterioridad no se repitan.

Establecer competencias

En opinión de Pop es necesario fortalecer la comunicación y articulación del equipo conjunto, y establecer los mecanismos de una comunicación que evidencie mayor coordinación.

Similar opinión mantiene Berganza, quien estima que el Gobierno debe establecer competencias a los funcionarios referente a los temas que les son í­ntimos, limitándose a ofrecer declaraciones pertinentes que no tengan que ser corregidas.

No obstante, al parecer este tipo de problemas no ha generado preocupación al presidente Colom. Posiblemente, según Berganza, se deba a que el Presidente ha dejado un margen de autonomí­a a sus funcionarios en sus actuaciones.