A un paso de convertirse en decreto se encuentra el proyecto de ley que pretende institucionalizar un aporte económico anual de 65 millones de quetzales para el Instituto de Previsión Militar (IPM) con el objetivo de garantizar su solvencia financiera. Los congresistas que le han dado el visto bueno, consideran que desde el año 2004, cuando el Gobierno desmovilizó a tres mil 177 militares, se incrementó en 30 por ciento el número de jubilados.
lahora@lahora.com.gt
í‰dgar Dedeth, diputado de la Gana, explica que la normativa que estaba propuesta para su tercera lectura el pasado miércoles, se constituiría en el fundamento legal para que el aporte de 65 millones de quetzales anuales cobrara estabilidad, ya que durante dos años, el Gobierno ha otorgado este capital, pero a través de un acuerdo gubernativo. Dicho aporte deberá realizarse por 12 años más, lo que representa 780 millones de quetzales para el IPM hasta el año 2020.
Del total de efectivos desmovilizados durante la administración de í“scar Berger, dos mil 933 de ellos estaban afiliados al IPM, lo que causó que se incrementara en un 30% el número de jubilados; por si fuera poco, la reducción del Ejército trajo consigo un déficit anual de 50 millones de quetzales. Los legisladores han mostrado su disponibilidad por dar el voto favorable al proyecto de decreto, pues asumen que dentro de los pensionados no solo se incluyen ex militares, sino también viudas y niños que han quedado como beneficiarios, mientras la sociedad civil continúa en contra de una erogación tan significativa.