Dejar de pagar un servicio representa más que un problema financiero, también puede trascender al ámbito moral, pues las empresas de cobros están amenazando con hacer públicos los datos personales de los deudores para afectar sobremanera su nombre y dirección.
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La nueva medida adoptada por las empresas de cobros para presionar el pago de los deudores está causando malestar en la población que se siente traicionada por los proveedores de servicios que durante años han contratado.
Asimismo, señalan que de difundirse los datos personales en los medios de comunicación se estaría violando su derecho a la privacidad.
Julio Otzoy, abogado y notario, considera que las «notificaciones extrajudiciales de incumplimiento de pago» son válidas siempre que no utilicen chantajes o amenazas para conseguir que se efectúen los pagos atrasados.
«En la mayoría de contratos con proveedores de servicios se establece que los datos consignados son confidenciales; si la empresa publica los datos personales podría estar incurriendo en una falta», señala el jurista.
Asimismo, Otzoy refiere que, dependiendo de la forma en la que se redacte el mensaje de cobro, podría clasificarse como un chantaje y la publicación del nombre y dirección en los medios de comunicación podría considerarse como un atentado en contra de la seguridad de la persona.
OCA Centroamérica, es una de las empresas de cobros que, utilizando inclusive el escudo de Guatemala, remite a los usuarios avisos intimidatorios sobre la situación legal de los que han faltado con el cumplimiento de los contratos.
Sin embargo, según una persona que prefirió omitir su nombre, muchas veces no se percatan de que si ellos realmente han faltado con los pagos requeridos.
«Tengo una línea en Telgua y recientemente me llegó un aviso aduciendo que adeudo Q495. Llamé de inmediato para conocer mi situación o si había existido algún retraso en la acreditación de mis pagos, pero en la empresa me dijeron que mi línea estaba solvente», asegura el entrevistado.
Pese a ello, recientemente recibió una notificación donde le advertían que tenía 24 horas para cancelarle a Telgua dicho monto, de lo contrario se haría público «su nombre y dirección en los diarios de mayor circulación del país y el costo del mismo sería cargado a su cuenta, así también se enviarían referencias crediticias a la Protectora de Créditos, Casa Comerciales e Instituciones Gubernamentales y Bancarias como una persona no sujeta de crédito», decía la carta enviada.
El castigo
Una usuaria del servicio de telefonía fija que por su seguridad también prefirió el anonimato opinó: «Es una falta de consideración que nos presionen de esa forma porque las empresas crecen gracias a los usuarios y consumidores (…) cuando cobran moras y reconexiones todavía tienen más ganancias».
La misma fuente considera que el retraso de un pago no justifica que se atente contra la moral y honorabilidad de una persona.
Flor Ortiz, usuaria del servicio de energía eléctrica, indicó que la medida es desconsiderada, ya que las empresas no pueden utilizar medidas ilegales -como las amenazas- para cumplir con los contratos que fueron suscritos dentro de la legalidad.
Ortiz considera que los usuarios deben castigar a las empresas que incurran en amenazas o presiones para los deudores, haciendo todo lo posible para evitar que estas obtengan ganancias. «Si todos nos uniéramos podríamos evitar esta clase de abusos», agregó.
Diario La Hora intentó contactarse con empresas proveedoras de telefonía fija; al cierre de esta edición aún no se habían contactado para dar sus declaraciones respecto al tema. Mientras que las empresas de cobros consideraron que podían emitir un pronunciamiento.