Los esfuerzos que realiza la Reserva Federal de los Estados Unidos para evitar el frenazo en la economía la llevan a quemar sus últimos cartuchos porque ya no tiene mucho margen de maniobra en la rebaja de las tasas de interés, lo que la obligó ayer a anunciar una inyección de 200,000 millones de dólares en los mercados financieros, especialmente para ayudar a los bancos que están con la soga al cuello por la crisis en el mercado hipotecario. Pero en el fondo todas las medidas para evitar la recesión son de carácter inflacionario y eso significa que en Guatemala no sólo sufriremos los efectos de la desaceleración económica norteamericana, sino que ya estamos sintiendo y con mucha fuerza, el impacto de la inflación mundial.
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A ello debemos sumar que nuestra dependencia de las remesas familiares nos coloca en posición aún más vulnerable y que muchos de los guatemaltecos que viven en el exterior han reducido el envío de dinero, en parte porque para ellos la situación se ha vuelto más difícil y porque encontrar empleo se complica.
Con el precio del petróleo acercándose ya a los 110 dólares por barril y con una tendencia permanente al alza, producto no sólo de la especulación de las empresas petroleras sino también de la misma debilidad del dólar, el impacto inflacionario en el país es inevitable. Y cuando hablamos de petróleo, en Guatemala no sólo se siente el impacto en el transporte de pasajeros y de carga, sino que especialmente en la generación eléctrica porque el peso de las plantas térmicas es muy alto en la estructura de los generadores.
En otras palabras, estamos frente a la certeza de una seria complicación económica que nos puede disparar los índices de inflación a cifras de dos dígitos en el corto plazo y si bien no tenemos mucho margen para defendernos del coletazo de esa crisis mundial, por lo menos sería deseable que se viera un esfuerzo por encontrar algunos paliativos. Porque el tema que debe preocupar más al Gobierno es que en las condiciones de Guatemala, la inflación es un golpe demasiado duro para aquella población que vive en condiciones de pobreza que les limitan a la subsistencia. Y si a esa precaria condición se suma un mayor índice de precios en los productos básicos, obviamente lo que veremos es una merma importante, acaso demasiado grave, en la calidad de vida de enormes grupos de la población nacional.
Y como no disponemos de mecanismos de protección social que permitan paliar este tipo de crisis, la gente está realmente indefensa y expuesta a las consecuencias de la gran inflación que se avizora. En otros países y en otros tiempos, los Estados han adoptado políticas de empleo mínimo, destinando recursos para que los municipios o entidades encargadas de reforestación puedan ofrecer una modesta fuente de ingreso a quienes están en condición más débil. Lo hizo Roosevelt en la gran depresión y lo hizo Pinochet en su momento. Cito a este último porque es una especie de icono para los enemigos del Estado.
El caso es que el Gobierno y su gabinete social tendrían que estar quemando materia gris en busca de acciones que permitan aliviar en alguna medida el coletazo que vendrá, por supuesto, en contra de quienes siendo más pobres tienen menores mecanismos de defensa.