Los archivos de la Policía Nacional (PN) son la evidencia de una época de horror en la historia que marcó, para siempre, a miles de personas que sufrieron por la desaparición o ejecución ilegal de un familiar, amigo o conocido, y sin importarles el paso del tiempo aún esperan encontrar con vida, no a sus seres queridos, pero sí a la verdad.
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El aire es altamente denso y muy difícil respirar, una pequeña bombilla de pocas bujías ilumina cada uno de los cuartos que albergan a las altas pilas de expedientes, éstos están carcomidos por las ratas y polillas y la humedad les ha hecho frágiles; sin embargo, cada uno de los documentos resguardados en el Archivo de la PN podría ser una pista para dar con el paradero de las víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno.
La tarea encomendada a la Procuraduría de Derechos Humanos es titánica: ordenar, recuperar, digitalizar, analizar y archivar más de 80 millones y medio de documentos que al colocarlos uno junto a otro abarcarían cerca de ocho kilómetros lineales.
Asignados a esa empresa fueron llamados 134 expertos que trabajan diariamente durante largas jornadas en distintas tareas para organizar la documentación. «Hemos encontrado los archivos en condiciones terribles, de forma muy distinta a la que se pueden observar ahora», afirma uno de los archivistas, quien relata el terrible estado en el que se encontraban los documentos de la PN antes de iniciar su trabajo.
«Realmente no estaban archivados, sólo había carpetas amontonadas en los cuartos y los papeles se caían sin importarle a nadie, aparte había ratas, cucarachas, chinches, además de polillas y pececitos de plata, que se alimentan de papel», comenta.
En investigación
De acuerdo con los primeros análisis de la documentación existen archivos que datan desde el 1882, año posterior a la creación de la PN, hasta 1997, después de la suscripción de los Acuerdos de Paz.
Dada la extensión temporal de los registros de la agencia policial, la PDH determinó necesario priorizar un intervalo de tiempo para iniciar con la investigación de las violaciones de los derechos humanos. Se precisó en los años comprendidos entre 1975 a 1985, en los que se cometieron la mayoría de violaciones, y se inició con el análisis de las actividades de la Dirección General, Jefatura Departamental de Quetzaltenango y el Segundo Cuerpo de la PN en la ciudad de Guatemala.
La apertura de los archivos para la investigación de casos específicos fue un paso importante para la democratización del país, según Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos y jefe superior del proyecto de desclasificación de archivos.
Según Morales, hasta la fecha se han abierto 12 procesos en los tribunales de Justicia que han sido sustentados a partir de la documentación de la PN, incluyendo un caso en Chiquimula en el que se acusa a cuatro militares de dirigir una masacre en esa localidad.
Sin embargo, se tiene conocimiento de que durante la guerra interna fueron desaparecidas aproximadamente 200 mil personas, lo que conduce a que la mayoría de crímenes contra civiles aún no han sido investigados y por consecuencia continúan en la impunidad.
Entre los miles de casos se encuentra el desaparecimiento forzado de Fernando García, ex esposo de la diputada Nineth Montenegro, quien afirma que existen datos importantes sobre esa detención ilegal dentro de la documentación que resguarda la PDH.
«Hay información del operativo, el lugar de los hechos, las personas capturadas, el cuerpo policial que ejecutó la orden, e incluso, una solicitud para rendir homenaje a los captores de Fernando», señala la congresista.
No obstante, Montenegro aduce que las investigaciones en el Ministerio Público no han tenido resultados convincentes, y a su criterio el trabajo de la PDH para el análisis de los documentos de la PN es igual de lento.
En una situación similar se encuentra Marylena Bustamante, quien investiga sobre el paradero de su hermano, Emil, víctima de un operativo militar durante el conflicto armado interno.
«Mi hermano era universitario y esa fue su sentencia de muerte (…), estamos seguros que fue ejecutado por la PN que trabajó en operativo con el Ejército, pues la ultima persona que supo de él lo vio en el cuartel de Matamoros con señales de tortura en todo su cuerpo», apunta la preocupada hermana, quien también exige a los investigadores del MP que rinda un informe sobre la situación de su caso.
Largo recorrido
El análisis de los casos de las violaciones a los derechos humanos en los archivos de la desaparecida fuerza policial será lento, pues aún existen vacíos dentro de la documentación que impide la investigación y esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la guerra interna.
Asimismo, la depuración de los datos avanza lentamente por el estado en el que fueron encontrados los expedientes. «No es en cuestión de días ni de meses», afirma Morales, que reconoce la labor de los expertos en archivista y recalca en la dificultad de la tarea que les fue asignada.
«Entiendo que esperar más es una carga terrible para los familiares de las víctimas, sin embargo, es difícil para la PDH apresurar los procesos pues tenemos un trabajo desproporcional a los recursos con que se cuenta», señala el Procurador y magistrado de Conciencia.
Estimaciones de la PDH apuntan a que llevará más de diez años concluir la recuperación de los expedientes de la PN. Hasta la fecha se contabilizan 5,5 millones de documentos digitalizados, de los cuales un buen número son imágenes y microfilms.
Lejos de los archivos y los procesos burocráticos en el MP se encuentran miles de personas como Montenegro y Bustamante que aún tienen la esperanza de poder saber que fue lo que sucedió con sus familiares, pese a que no cuentan con la información y recursos para realizar investigaciones independientes, confían en que algún día conocerán la verdad.